La llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia empezó a despertar temores en los tribunales. Tras su nombramiento, varios jueces y fiscales con despacho en Comodoro Py -uno
de los blancos oficiales- mostraron su descontento y evaluaron que a partir de ahora se radicalizará el enfrentamiento contra la Justicia.
Aunque dijeron no estar “sorprendidos” con el nombramiento de Soria -de hecho fue uno de los primeros nombres que circuló-, entienden que su llegada sólo viene a confirmar algo que inició hace mucho tiempo: “Una declaración de guerra total”, describió un fiscal con peso en los tribunales federales.
El planteo fue convalidado por otro integrante del Ministerio Público Fiscal que entendió que la llegada del diputado kirchnerista al cargo “radicalizará seguramente los proyectos de ley y avances sobre la justicia”.
De forma inédita el cargo estuvo acéfalo durante más de una semana en un país que avanza hacia una reforma judicial. “El nombre es indistinto, el mensaje está claro, van a profundizar el enfrentamiento”, dijo a Clarín un juez con trayectoria en Comodoro Py.
En carpeta aparecen la demorada reforma judicial, la posible creación de una bicameral para sancionar jueces, la avanzada contra el procurador interino Eduardo Casal y la Corte Suprema, entre otras medidas.
La situación de Cristina Kirchner, investigada y procesada en múltiples causas, también aparece en la estrategia oficial. Buscarán mejorar su situación, como aseguró Soria en sus primeras declaraciones tras su anuncio. “La vicepresidenta quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”.
El perfil del nuevo ministro en reemplazo de Losardo -amiga y socia de Alberto Fernández- no promete una instancia de acercamiento a Comodoro Py, sostienen en la Justicia. “Aún en momentos de tensión, nunca perdimos el diálogo institucional”, señaló un fiscal. Y entiende que Soria llegará para “profundizar el enfrentamiento, no tiene otro camino”.
Hacia adentro de los despachos, el mensaje que empezó a circular entre jueces y fiscales es el de “resistir” el enfrentamiento con la Casa Rosada, que descree del proceder de la justicia en Comodoro Py, a cuyos magistrados acusó de ser parte del lawfare junto a medios y sectores de la política, para incriminar a ex funcionarios K.
A su vez, recuerdan que más de la mitad de los jueces hoy criticados por el kirchnerismo fueron designados durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Y que la teoría del lawfare “no alcanza para justificar aquello que está sustentado en pruebas: es sólo un diagnóstico político sobre expedientes judiciales con pruebas”, replicó un juez con más de diez años al mando de su despacho.
Además, en los pasillos de los tribunales de Retiro, son varios los que coinciden en plantear que los “embates públicos, con discursos y mensajes del gobierno, no van a frenar las causas”. La reacción previsible es el efecto contrario al que se busca con la escalada del oficialismo.
En su primeras declaraciones como ministro, Soria ya utilizó los conceptos de lawfare y mesa judicial, sostenidos por los sectores más duros del kirchnerismo para atacar a la Justicia.
Sobre el vínculo del gobierno con la Justicia, sostuvo que “tiene que haber una relación institucional, transparente, de ida y vuelta”. “Uno de nuestros principales objetivos es terminar con el lawfare y la mesa judicial. Pero la relación tiene que ser totalmente institucional, no entre cuatro paredes, de espalda y escondidos de la sociedad”, afirmó.
En declaraciones a Radio 10, el nuevo funcionario aseguró también que “es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron con el Poder Judicial” y advirtió: “Conmigo no van a contar para hacer eso, para recibir a escondidas jueces y fiscales”. Hace diez días, Soria denunció al presidente de la Camara Federal de Casación, Gustavo Hornos, por una reuniones que había mantenido en Casa Rosada con el entonces presidente Mauricio Macri.
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