La conflictiva jornada del 1 de septiembre de 2020 en Diputados -en la que hubo dos sesiones paralelas, una virtual y una presencial– sigue su curso judicial.
En octubre el juzgado
Contencioso Administrativo Federal N°1 rechazó el amparo de Juntos por el Cambio para impugnar el protocolo y la sesión de ese día. Ante la apelación, la Cámara Contenciosa Administrativa ratificó esa decisión, pero ahora aceptó el recurso extraordinario pedido por la oposición y la última palabra la tendrá la Corte Suprema.
La resolución firmada, por mayoría -por Liliana Heiland, Rodolfo Facio a favor y Clara do Pico en disidencia- concede el amparo considerando varios puntos.
Entre ellos, que “se halla en juego la interpretación y el alcance de diversas normas de indudable naturaleza federal, como son los artículos 1, 22, 33, 36, 37, 44, 45, 63, 64, 66 y 75 de la Constitución Nacional y los artículos 14, 15, 19, 22 y 36 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso”.
Además, señala que “el caso exhibe un interés institucional suficiente en la medida en que, tal como está planteada, la cuestión federal debatida trasciende los intereses de las partes e involucra a la función que, en ejercicio de su misión constitucional, compete a quienes integran, como representantes del pueblo, la Cámara de Diputados”.
Ahora es el Máximo Tribunal el que tendrá que responder sobre el tema. Sin embargo, no hay plazo fijado para que lo haga.
“Al habilitar este recurso, la Cámara está reconociendo que hay una cuestión constitucional a resolver. Lo que resuelva la Corte va a tener importancia porque sentará precedente”, apunto el diputado radical, Gustavo Menna, a Clarín.
La pelea de fondo tiene que ver con la prórroga del protocolo virtual para llevar a cabo la sesión del 1 de septiembre. Ese día se discutían una serie de proyectos para reactivar el turismo y otro sobre la pesca ilegal.
Ese día hubo una reunión de Labor Parlamentaria donde los jefes de bloques discutieron durante 8 horas -con cuartos intermedios- las cláusulas de la renovación del protocolo. Finalmente, JxC no lo firmó y recurrió a la Justicia para denunciar que como no hubo consenso, tanto el protocolo como la sesión amparada bajo el mismo, eran inválidas.
Cuando se redactó esa norma, se estableció que el protocolo se renovaría por “consenso” de los jefes de bloque. Para JxC esa palabra significa unanimidad, pero para el Frente de Todos es suficiente con el acompañamiento de la mayoría de los bloques.
Esa diferencia de interpretación llevó al escándalo. Los legisladores de la principal bancada opositora reclamaban que sin protocolo la sesión debía ser presencial e ingresaron al recinto, pero no dieron quórum en el sistema remoto, donde estaban conectados los demás bloques.
“Consenso es la ausencia de disenso, no es una mayoría. Los que estábamos presentes físicamente en la sesión computamos como ausentes. El reglamento de Diputados tiene raigambre constitucional, no es menor”, agregó la legisladora de la Coalición Cívica, Mariana Stilman.
Acto seguido recurrieron a la Justicia. El juzgado de Enrique Lavié Pico desestimó el amparo en primera instancia.
Lo rechazó considerando que “no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias” y citó a la Corte Suprema que cuando rechazó darle a la vicepresidenta un aval de constitucionalidad para las sesiones virtuales, señaló que no correspondía que la Justicia se pronunciara sobre la validez de los reglamentos del Congreso.
La Cámara revisora confirmó el rechazo considerando además que la cuestión ya era abstracta, porque para ese entonces se había acordado un nuevo protocolo.
Pero la oposición insistió y presentó el recurso extraordinario para que sea el Supremo Tribunal el que intervenga y el pedido fue concedido.
En el arranque de la pandemia, en abril del año pasado, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, había ido a la Corte para que valide las sesiones virtuales, algo que finalmente el tribunal concretó.
