Dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) decidieron devolver a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, el manejo de sus empresas, hoteles y la administración de 26
propiedades del Condominio que se conformó una vez concluida la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner. Con un duro escrito, el interventor de Hotesur SA -dueña del hotel Alto Calafate-, refutó las acusaciones del abogado de la vicepresidenta, lo acusó de faltar a la verdad y detalló cinco incumplimientos de los Kirchner en el manejo del principal complejo turístico, acusado de haber sido vehículo para lavar 80 millones de pesos.
“Debo recordarle a la parte que me encuentro cumpliendo las tareas encomendadas en mi carácter de auxiliar del Tribunal, y no como encomendado de la parte para cumplirle sus deseos o instrucciones“, sostuvo el interventor Daniel Altman, quien desde 2017 se hizo cargo de la administración de Hotesur SA, la firma dueña del hotel Alto Calafate.
En un escrito al que accedió Clarín Altman respondió a cinco del os planteos de Carlos Beraldi, abogado defensor de la familia Kirchner.
La acusación con la que se envió a Cristina Kirchner y a sus hijos a juicio oral sostiene que a través de su empresa Hotesur “recibieron dinero de Lázaro Báez“, a través del negocio hotelero “bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.
El 54% de los ingresos de Hotesur provinieron de Austral Construcciones, a través de préstamos y contrataciones, como fondos que giraba la empresa a Valle Mitre SRL (de Báez), utilizada para administrar el hotel Alto Calafate.
Desde que quedó intervenida la empresa en 2017, después de quedar acéfala tras la falta de designación de autoridades ante la Inspección General de Justicia (IGJ) -que multó en reiteradas ocasiones a los dueños de Hotesur- algo quedó expuesto por parte del administrador judicial: el giro comercial de Hotesur era inviable.
En la acusación de esta expediente, el fiscal Gerardo Pollicita remarcó: “desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”. Y remarcó que “nunca tuvieron una finalidad comercial”, sino sólo ser utilizadas como “pantallas” para operaciones de blanqueo.
Antes de recuperar el manejo de Hotesur, la defensa de los Kirchner presentó un escrito acusando al interventor de la debacle comercial del hotel Alto Calafate, que desde 2008 cuando fue adquirido por los ex Presidentes nunca conoció la ocupación plena. Algo que se remarcó en la investigación.
La defensa de los Kirchner sostuvo que la intervención perjudicó el valor de los bienes de Hotesur y por eso pidió su evaluación. Frente a tal acusación, el interventor indicó que los accionistas conocieron “durante los más de tres años de esta intervención los numerosos informes que he presentado en autos sobre la actividad de la empresa, la marcha de la explotación y la preservación del patrimonio”, y sobre esto remarcó que no se realizó “observación o impugnación alguna hasta el presente, lo que no puede sino considerarse como que nada tenían para cuestionar”.
En este mismo sentido, el interventor dijo que -tal como sostiene el propio escrito de los jueces-, a esta altura, no existe ningún aspecto económico, societario o comercial que sea ignorado por el Tribunal y las partes”.
Para replicar las acusaciones de Cristina Kirchner, se recordó que el origen de la intervención “ha sido por la acefalía en que dejaron los accionistas a esta SA desde el año 2017. Su negativa a concurrir a una Asamblea a convocarse por este interventor a fin de designar un órgano de Administración, dado el tiempo transcurrido y siendo necesario hacerlo”.
El interventor Altman luego explicó por qué no se pudieron entregar los balances de Hotesur exigidos por la IGJ: “La imposibilidad de confeccionarlos se debe a carecer de elementos indispensables porque no fueron aportados por los accionistas, habiendo sido requeridos en múltiples ocasiones y comunicado al tribunal interviniente lo hecho”.
La respuesta de Altman continuó y en un tramo de su escrito sostuvo que “ya parece costumbre no ajustarse a la verdad”, en relación a las acusaciones de los Kirchner que calificó de falsas.
El funcionarios designado por la justicia explicó las deudas de Hotesur respecto a cánones adeudados a Hotesur por Idea SA -la empresa de Osvaldo Sanfelice y que explotaba el hotel Alto Calafate-, que dejó de pagarlos luego de la acusación en su contra por lavado de dineroy su empresa intervenida justamente por deudas millonarias a Hotesur.
“Me encontré imposibilitado de mejorar el canon pese a mis sucesivas presentaciones y a la prescindencia de los aparentes locadores para colaborar en la tarea”, indicó Altman, y agregó que los cánones “adeudados por temporadas anteriores a mi designación al ser reclamados por mí (cosa que no habían realizado los accionistas) determinaron que la locataria opusiera la prescripción”.
En su oportunidad, el mismo interventor planteó en un escrito que los dueños de Hotesur no mostraron nunca interés en cobrar a Idea SA los cánones correspondientes.
En aquel momento, recordó Altman, se conversó con los interventores de Idea que el tema podría ser dirimido por un árbitro experto, “acordándose quien sería tal profesional. Los interventores de ambas partes informamos al Tribunal para que se autorice tal arbitraje, lo cual a la fecha está ha resolver. El 11 de agosto de 2020 reiteré esa solicitud”. Pero el TOF 5 no se expidió al respecto.
En el final de su dura respuesta, el funcionario judicial concluyó que en su tarea de interventor no está “para cumplir los deseos o instrucciones” de los acusados, sino para ser auxiliar del Tribunal y que se encuentra administrando Hotesur desde 2017 “con dificultades para hacerlo por la propia reticencia de quienes en definitiva resultarán beneficiados“.
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