En la siesta del 24 de mayo de 1879, y tras superar dificultades de último momento, la columna del ministro de Guerra y Marina Julio Argentino Roca avistaba por primera vez el río Negro. Los contratiempos no habían sido militares. Durante semanas, la expedición había recorrido el territorio indígena sin grandes novedades e incluso había ralentizado la marcha para que la llegada al río coincidiera con “el cumpleaños de la patria”. Sin embargo, el extravío en la trama de rastrilladas había puesto en peligro el objetivo del general. Finalmente, la orientación de los baqueanos y el mapa de Chiclana —el agrimensor de Rosas en su expedición a la isla en 1833— resolvieron el problema y permitieron concretar la escena planificada.
Al día siguiente, a las seis de la mañana del 25 de mayo de 1879, un saludo militar al sol naciente celebró “la más gloriosa efeméride de los argentinos” en la isla de Choele Choel, uno de los nodos centrales de las rutas indígenas. Así lo anotó en su diario de marcha el coronel Manuel José Olascoaga, secretario de Roca, iniciando una larga sucesión de discursos celebratorios sobre la llamada «Campaña al Desierto»:
“Las salvas y las melodías agitando hoy el espacio de la orilla del río Negro han sido más que una conmemoración, la continuidad o repercusión de los himnos del gran día de 1810. Este día de Choele Choel es digno día siguiente de aquel; porque inaugurar el dominio de la civilización aquí donde la barbarie ha reinado tres siglos, es lo que verdaderamente puede llamarse ‘continuación de la tarea principiada el 25 Mayo de 1810’. Fuimos entonces libres e independientes; damos ahora el paso más trascendental de nuestra soberanía adquirida”.
La conquista de la memoria colectiva
La coincidencia de fechas permitía presentar la Campaña al Desierto y la conquista de los territorios indígenas como un hito central en la historia de la nación originada en 1810. Ese uso estratégico del pasado tuvo efectos inmediatos: primero, en el ensalzamiento público del ministro de Guerra; después, en su llegada a la presidencia. Pero no fue la primera ni sería la última manipulación histórica que acompañó la persecución de la población indígena y la dramática apropiación de sus territorios. Las expediciones que habían invadido el territorio indígena antes de Roca —y las que continuarían haciéndolo después— se justificaron mediante una activa propaganda en la que el pasado ocupaba un lugar central.
El historiador Pedro Navarro Floria llamó “conquista de la memoria colectiva” a esa dimensión de la política estatal que, trabajando sobre el relato historiográfico, preparó las condiciones para la conquista militar de los territorios indígenas. La difusión de la idea de una “guerra permanente” contra el indígena ocupó a periodistas, funcionarios, intelectuales y dirigentes políticos argentinos. Esa operación excedió las estrategias y ambiciones de Roca, aunque fuera él quien mejor lograra articularla en un discurso belicista.
Según Navarro Floria, los mismos debates que precedieron a la sanción, en 1867, de la ley 215 de extensión de la frontera a los ríos Negro y Neuquén fueron también un combate por la historia de la frontera. Distintas versiones del pasado impulsaban distintos métodos de ocupación. Algunos legisladores reconocían la larga tradición de pactos pacíficos con los caciques indígenas y entendían la violencia fronteriza como un fenómeno coyuntural, relacionado, entre otros factores, con los movimientos anticentralistas surgidos en las provincias. Desde ese diagnóstico proponían planes de colonización y distribución democrática de las tierras incorporadas tras el avance de las fronteras.
Otros sostenían una lectura contrastante: afirmaban que existía una guerra general y continua contra los pueblos indígenas, que había nacido con la propia conquista española. Al caracterizar a las parcialidades indígenas como “salvajes irreductibles”, anulaban toda posibilidad de vínculo político con ellas y proponían su exterminio como condición necesaria para ocupar sus territorios.
Esa lectura desconocía los numerosos tratados de paz en vigencia en aquellos momentos, y omitía deliberadamente los largos períodos del pasado en que las relaciones fronterizas se habían organizado mediante pactos pacíficos e intercambios comerciales. A través del hilván selectivo de episodios de violencia y confrontación, construía la imagen de una “guerra permanente” extendida a lo largo de siglos, funcional a un proyecto represivo de ocupación territorial. Cuando en la segunda mitad de la década de 1870 esta interpretación terminó imponiéndose, también consiguió borrar el debate que la había precedido.
Desde esa propaganda —y tal como afirmaba el secretario de Roca aquel 25 de mayo— la ocupación de las Pampas y la Patagonia pasó a entenderse como la culminación de una saga civilizatoria iniciada con los primeros asentamientos coloniales. En realidad, se trató de un proyecto de apropiación violenta de tierras, financiado por sectores de la clase terrateniente argentina y destinado a beneficiarlos. El posterior reparto de las tierras saqueadas a los indígenas, que adjudicó millones de hectáreas a unos pocos cientos de propietarios, consolidó el poder económico y la gravitación social de una élite cuyos apellidos todavía nombran a gran parte de las localidades y calles de la Argentina.
Despojadores en despojados
La confección de una historia belicista y la reiteración ad nauseam del malón y del robo de ganado como explicación de la violencia fronteriza permitieron convertir a los despojadores en despojados y presentar como gesta nacional la separación de la población originaria de sus propias tierras, la desarticulación de sus vínculos sociales y las prácticas de persecución, masacre, exterminio y esclavización de población prisionera. Pero si estas políticas genocidas destruyeron gran parte de la organización territorial y política indígena, el mito de la guerra permanente siguió gozando de buena salud.
La memoria colectiva conquistada continuó asociando a los pueblos originarios de las Pampas y la Patagonia con los estereotipos violentos que los habían convertido en “enemigos internos”, “ocupantes rebeldes” y “ladrones” de la riqueza nacional. Buena parte de las artes y las ciencias abrevó en ese sentido común sobre la historia de las fronteras: desde el culto al Martín Fierro como epítome de la literatura nacional hasta la exhibición didáctica de La vuelta del malón, de Ángel Della Valle, en el Museo Nacional de Bellas Artes; desde la abundante literatura de fronteras hasta las miradas ahistóricas y culturalistas de buena parte de la antropología de la primera mitad del siglo XX. Ni qué decir de los historiadores, quienes por décadas también pintaron al “indio” como mero telón de fondo de la historia nacional.
Rodeada de estas imágenes del pasado, no fue difícil para la dictadura militar celebrar el 25 de mayo de 1979 los 100 años de la Campaña de Roca, tomando en préstamo algunos de los conceptos centenarios, como los de la lucha contra un “enemigo interno” requerida por el “proceso de reorganización nacional”.
Al promediar la década de 1980, las militancias indígenas, los cambios en la legislación internacional y los propios movimientos de derechos humanos que impulsaron la democracia en nuestro país comenzaron a liberar, poco a poco, esta memoria conquistada. Las ciencias sociales iniciaron el camino de reconstruir, en base a la búsqueda de documentos y recuperación de memorias, un pasado que reconociera a los indígenas como sujetos históricos, con estrategias y horizontes políticos propios. Este proceso implicó el trabajo individual y colectivo de muchos investigadores que asumieron el desafío de comprender un sistema social cuya organización territorial y lógica política diferían profundamente de las estatales.
La diplomacia fronteriza y los malones
Frente a las fronteras nacionales impuestas por las campañas militares de los gobiernos argentino y chileno, el territorio indígena se extendía entre el Atlántico y el Pacífico, abarcando las pampas, la Patagonia y la Araucanía. Eran las relaciones entre personas, familias y comunidades las que daban existencia a ese espacio social, articulado fundamentalmente por el parentesco y el intercambio. Una amplia red de caminos permitía la circulación de pobladores y conectaba territorios distantes mediante el comercio, los matrimonios y las alianzas políticas.
Esos caminos también conducían a las fronteras, donde las poblaciones indígenas expandían sus redes comerciales. La investigación en archivos permitió reconstruir extensos corpus de correspondencia diplomática entre caciques y funcionarios estatales, y comprender así el valor político del comercio y la diplomacia para las sociedades indígenas.
Mientras se mantuvieran los pactos mercantiles con el Estado argentino, podían sostenerse tanto los intercambios comerciales como el respeto mutuo por los territorios. En ese panorama, que reconoce el papel central de la diplomacia fronteriza en la política indígena, los grandes malones —figura omnipresente de la narrativa estatal— aparecen como acciones coyunturales: formas de presión orientadas a restablecer relaciones políticas entre entidades autónomas y equivalentes.
Las operaciones historiográficas son también operaciones de poder, y perduran junto a él. Las efemérides son ocasiones privilegiadas para sospechar y preguntarnos qué se celebra, quiénes celebran y qué usos del pasado se ponen en juego en esos actos de memoria. En nuestra historia, las secuelas del “mito de la guerra permanente” siguen exigiendo una producción de conocimiento crítica, sistemática y comprometida. Las ciencias sociales —tan molestas e “innecesarias” para el gobierno actual— continúan siendo uno de los espacios privilegiados para cuestionar esas memorias conquistadas y reconocer, desde allí, otros horizontes posibles.
*Esta nota forma parte de un acuerdo entre Tiempo y el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. También se publica en el proyecto de divulgación Diarios de campo.
Fuente Tiempo Argentino
