En la Jujuy que sigue siendo de Gerardo Morales, pero que en la actualidad gobierna Carlos Sadir, se usa al Poder Judicial para encarcelar a los referentes populares que luchan por la Pachamama. Por eso, el pueblo jujeño está muy preocupado, por todos los atropellos que padecen a diario. Aseguran que en esa provincia no existe la división de poderes ni las garantías constitucionales.
Sienten mucha bronca e impotencia, porque 19 luchadores tienen que enfrentar un juicio arbitrario que comenzará el próximo 26 de octubre y se desarrollará durante once audiencias en el Tribunal Oral Criminal 3: «Que seguramente ya tiene una sentencia firmada«, denuncian. Están imputados en causas que se originaron cuando realizaron la protesta social conocida como el «Jujeñazo», en junio de 2023.
Conferencia de prensa
Por eso, el próximo lunes a las 10 de la mañana brindarán una conferencia de prensa. La actividad tendrá lugar en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, calle Necochea 270, San Salvador de Jujuy. Allí expresarán públicamente el pedido de absolución y sobreseimiento «de los luchadores del Jujeñazo». Y exigirán nuevamente el cese de la «persecución política que venimos sufriendo».
En ese marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Miguel «Coya» Ramos, referente del Partido Político AJI-20 y uno de los imputados: «Este juicio se inscribe dentro de un plan sistemático montado desde hace mucho tiempo y que se incrementó fuertemente con la llegada de Gerardo Morales al gobierno y ahora continúa con Carlos Sadir«, aseguró.
Ramos contó que tuvieron tres años a policías infiltrados en la radio comunitaria que tienen. El armado de causa a las militantes que trabajan en la «Biblioteca Niños Pájaros» y que estuvieron procesadas 400 días y que «finalmente logramos los sobreseimientos». Además de los juicios contravencionales con multas altísimas «que muchos tuvieron que pagar «.
Injusticia social sobre le pueblo jujeño
El militante explicó a este diario que la protesta social está criminalizada, pues quienes se atreven a levantar la voz y expresar algún reclamo ante las políticas de miseria y hambre, tienen problemas con la justicia, como así también quienes defienden a los pueblos originarios y a la clase trabajadora.
También afirmó: «Muy por el contrario, tendrían que ir presos los que impusieron la reforma constitucional a balazos, los que hambrean, desalojan familias, imponen tarifazos, roban al pueblo y lo reprimen cuando protesta«.
La activación de las causas contra los 19 luchadores del «Jujeñazo» vuelve a poner sobre la mesa una disputa que no es solamente judicial, es una disputa política por la memoria y lo que significó para Jujuy lo vivido desde aquel junio de 2023.
«Para disciplinar y castigar»
En un párrafo de un comunicado de AJI-20 explicaron que el llamado a juicio al referente y los otros 18 luchadores, solo muestra que no se da cierre a una etapa, sino más bien es el inicio de una nueva, aún más despiadada. Y que el mensaje es claro, «disciplinar y castigar, par que quede evidencia que esto ocurriría a quienes se opongan a sus políticas de muerte y exterminio».
La militancia contó a este diario que quieren reducir aquella rebelión popular a un expediente y a un grupo de personas imputadas. Pero que el Jujeñazo no comenzó en una causa ni terminó en las calles. Fue la respuesta de trabajadores, comunidades, estudiantes y organizaciones de trabajadores precarizados, frente a una reforma constitucional arbitraria e ilegal.
Porque, lejos de mejorar la vida de las familias jujeñas, consolidó un modelo de provincia que profundiza el extractivismo, limita derechos y fortalece las herramientas estatales y jurídicas para disciplinar a quienes se organizan.
Desde entonces, «padecemos un avance sobre los derechos de quienes trabajan, con salarios deteriorados, ausencia de paritarias verdaderas, políticas que acompañan el ajuste y la flexibilización laboral. Avanzando así, sobre los Derechos Humanos de cada jujeño».
«Convirtieron la tierra y el aguan en mercancías»
Al mismo tiempo, avanza sobre los territorios un modelo minero que convierte el agua, la tierra y los bienes comunes en mercancías. Mientras las comunidades indígenas enfrentan desalojos, conflictos territoriales y políticas que buscan fragmentar sus organizaciones.
Y cuando el pueblo se organiza para resistir, aparece la otra cara del modelo, la criminalización de la protesta social. Desde el Jujeñazo hasta la actualidad se multiplicaron las causas, las amenazas y los procesos judiciales contra quienes levantan la voz.
Así, mientras se garantiza el avance de intereses económicos sobre los territorios y se deterioran las condiciones de vida de las mayorías, se pretende convertir en delincuentes a quienes protestan contra ese orden violento.
La militancia expresó: «Entendemos que defender a los 19 es también defender la memoria de una lucha colectiva. No son 19 casos aislados, son parte de un conflicto político y social que sigue abierto. A tres años de aquel Jujeñazo, seguimos denunciando el ajuste sobre quienes trabajan, el avance extractivo sobre los territorios y la persecución política de quienes se organizan«.
Y concluyó. «Porque la historia no puede escribirse desde los expedientes judiciales de un Poder Judicial bastante manchado y cuestionado. La historia se escribe desde las calles, desde las comunidades y desde la memoria de quienes nunca dejaron de luchar, el Jujeñazo no se encarcela».
Fuente Tiempo Argentino
