“Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, dictaminó la Corte este martes, con la firma de los tres jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De este modo, avaló la derogación de la Ley de Tierras a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que lanzó Javier Milei a poco de asumir la presidencia.
El Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata había logrado un fallo a favor de la Cámara por considerar que la decisión del Ejecutivo iba en contra de la soberanía, pero ahora la Corte utilizó como justificativo que quienes lo denunciaban eran personas que no tenían relación con el reclamo. Es decir, que los ex combatientes no tienen por qué reclamar por la soberanía, que es una decisión del Estado.
A las pocas horas, los propios integrantes del CECIM le respondieron al Máximo Tribunal: “¿Defendimos la soberanía en Malvinas, pero ahora no estamos habilitados?”.
Ley de Tierras
En un comunicado, el CECIM sostuvo que la Corte falló “pateando la pelota afuera. No exploró el planteo jurídico. Dijo que la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimada. Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía.
Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su
esquema de tripartición de poderes. Un Estado argentino que, en 1982, nos mandó a batallar
bajo el argumento de la ‘defensa de la soberanía nacional’. Rara consideración la de esta Corte.
Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir”.
Este miércoles, Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM La Plata, acotó: “El de la Corte es un fallo a medida y a pedido del Poder Ejecutivo. Es contradictorio que la Corte diga que no estamos habilitados para plantear la defensa de la soberanía. Hay una responsabilidad con la ética y nuestra organización fue precisamente plantearnos en nuestro estatuto que es la defensa irrestricta de la soberanía nacional”.
En declaraciones a Gelatina, añadió: “El fallo de la Corte le viene a medida a Peter Thiel. La Corte argentina es una corte pro norteamericana. El fallo no es contra el CECIM, es contra los argentinos. Lo que está en riesgo es la patria, no una organización como el CECIM. Los tres cortesanos saben lo que pasó en Malvinas y por muy poquito no les tocó estar ahí”.
Y mencionó la situación geopolítica y los intereses alrededor del Gobierno: “Los jueces fallan porque hay un proyecto estratégico en la Patagonia: la presencia del Comando Sur, un proceso de desterritorializar la Patagonia. Tiene que ver con crear un espacio útil con agua fría para los modelos de inteligencia artificial”.
La Argentina en venta
En paralelo, quienes empezaron a moverse fueron los representantes legislativos de la oposición. La única salida que queda al fallo de la Corte es el Congreso. Pero para que haya una modificación, deben votar en contra del DNU 70, que contempla otra parva de artículos, más allá del 154. Además, ya hay organizaciones sociales y ambientales que están promoviendo una marcha en reclamo a la decisión cortesana.
En el comunicado del martes, el CECIM remarcó: “La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas. Lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei”.
Y concluyeron: “De eso, en definitiva, se trata. Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos. Es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la ‘doctrina de facto’, y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros”.
Fuente Tiempo Argentino
