El Gobierno prorrogó la intervención de la AFI, a la espera del pliego de Cristina Caamaño en el Senado

al Senado el pliego para que Cristina Caamaño sea designada directora del organismo.

“Prorrógase la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por el plazo de 180 días corridos” desde el 20 de junio, reza el artículo 1º del decreto 540, que lleva las firmas de Alberto Fernández y Santiago Cafiero y fue publicado en el Boletín Oficial​.

De esta manera, el nuevo período de intervención concluirá el 17 de diciembre. Sin embargo, el Presidente tiene en sus planes que la designación de Cristina Caamaño como directora se resuelva antes de esa fecha.

La extensión “se adopta en forma conjunta con la propuesta de designación de la actual interventora para ocupar el cargo de Directora General“, puntualiza el decreto. “Dicha designación será enviada en los próximos días al Honorable Senado de la Nación para obtener el acuerdo respectivo. Cuando la designación se haga efectiva, cesará de pleno derecho la intervención prorrogada por la presente medida”.

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A la hora de fundamentar la prórroga de la intervención, el texto oficial señala las virtudes de la gestión de Caamaño hasta el momento.

“Se han comenzado a disponer modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”, apunta el decreto.

Y continúa: “Ello posibilitó, entre las cuestiones más gravitantes, disponer una modificación esencial sobre una de las áreas que mayores distorsiones había evidenciado, relativa a la indebida interacción con el sistema de administración de justicia”.

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También destaca la transparencia en el uso de recursos y la convocatoria para “reformar el Sistema Nacional de Inteligencia de conformidad con los principios de publicidad y profesionalismo y en miras de profundizar la democratización de ese organismo”.

En las últimas semanas, Caamaño denunció ante la Justicia el posible espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y aportó 500 fichas de periodistas y académicos halladas en una caja fuerte.