Un total de 52 concejales de 32 municipios salteños figuran en el registro de trámites de Anses para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que el Gobierno Nacional
dispuso para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías como ayuda para afrontar la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus.
En el listado se observa que algunas solicitudes fueron rechazadas, mientras que otras, correspondientes al segundo aporte, “están listas para hacerse efectivo al beneficiario”, según indica el sistema.
La concejala de la localidad de Embarcación, del departamento de San Martín, Noemí Raquel Egüez, que aparece señalada por haber hecho efectivo el cobro de la ayuda económica, se defendió y afirmó que no gestionó ni recibió dinero correspondiente al IFE. En la misma situación se encuentra su compañero de trabajo Juan Carlos Dávila.
“Ya hice la denuncia para que se investigue, porque yo no cobré nada. También hablé con mis colegas y todos aseguran no haber cobrado ni un peso”, sostuvo la funcionaria en diálogo con TN.
Por su parte, Mauricio Makar, presidente del Concejo de Embarcación, se refirió a la polémica: “Apenas tomé conocimiento del tema, los llamé a ambos y me dijeron que van a demostrar que no se inscribieron y que tampoco cobraron el IFE”.
Sin embargo, otros concejales admitieron haberse inscripto para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Ese es el caso de Guillermo Aleman y Antonieta Ordóñez, dos concejales de la Agrupación Democrática Comunal (Adeco) de Aguaray, que lo admitieron ante Juan Carlos Alcoba, presidente de ese partido, quien calificó el hecho como “vergonzante y sin ningún justificativo”.
En declaraciones al diario El Tribuno, Alcoba detalló las justificaciones de los concejales acusados: “Alemán dijo que quería probar el sistema y que si le salía el beneficio lo iba a devolver, algo que a mí como presidente del partido no me resulta para nada creíble. Por su parte, Ordóñez dijo que se anotó porque una amiga de escasos recursos estaba cansada de inscribirse y siempre era rechazada”.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, oficializó la apertura de una investigación para determinar si los funcionarios públicos salteños accedieron o no al Ingreso Familiar de Emergencia.
En Salta, 322.416 personas perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto.
JPE
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