El Presupuesto de la Administración Pública Nacional de este año, prorrogado el del 2019, prevé un déficit primario, antes del pago de intereses, de $ 997.455 millones y un rojo financiero, con
intereses, de $ 1.784.716 millones. Y el Gobierno envió un proyecto de ampliación del presupuesto vigente con un saldo negativo adicional de $ 1.216.738 millones. Así, por ahora, el déficit previsto alcanzaría los $ 3.001.454 millones, lo que equivale a entre un 8 y 10% del PBI. La mayor parte de este agujero se financia con transferencias de utilidades (contables) del Banco Central.
En tanto, al 30 de junio el déficit es de $1.000.980 millones y el rojo financiero de $1.274.901 millones. Por eso en el mensaje que acompaña la ampliación presupuestaria se señala que “transcurrido un semestre del ejercicio fiscal 2020, resulta propicio readecuar los recursos y gastos del Presupuesto vigente teniendo en cuenta que éste es prórroga del Presupuesto 2019 y destacando el actual contexto de emergencia social, económica y sanitaria a partir del cual se ha desplegado un paquete de medidas con el fin de mitigar el efecto de la pandemia COVID sobre la actividad económica, la producción, el empleo y el ingreso de las familias”.
Los gastos totales contemplados en la ampliación presupuestaria ascienden a $ 1.859.582,8 millones. Son todos gastos corrientes porque no se prevé el pago adicional de intereses por encima de los $ 787.416 millones autorizados en el presupuesto original. Y contempla la remisión de utilidades del BCRA al Tesoro Nacional por la suma de $ 1.017.737 millones. Sumadas las transferencias de enero-junio son $ 1.606.982 millones, al margen de los Adelantos Transitorios.
En el mensaje, el Gobierno señala que “el aumento de las erogaciones será financiado con mayores recursos tributarios y no tributarios respecto de los estimados en el presupuesto prorrogado, con un incremento de la remisión de utilidades del Banco Central de la República Argentina y, en menor medida, con fuentes financieras adicionales”.
De aprobarse esta modificación, los gastos totales ascenderían a $ 7.391.054 millones, los recursos tributarios y de capital a $ 4.389.599 millones, con un déficit de $ 3.001.454 millones.
El grueso de la ampliación de los gastos son para financiar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el “salario complementario” pero también se destacan partidas destinadas a “subsidios a la energía” para mantener las tarifas de electricidad y gas natural y un refuerzo al “subsidio de transporte” para ser aplicadas al régimen de compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). Y transferencias directas a las provincias con un incremento del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial en $ 50.000 millones.
Para el pago de los acuerdos y las sentencias favorables a los jubilados, se amplía en $ 6.000 millones la partida destinada a la ANSeS quedando en un total de $ 55.313.3 millones con los que se estima alcanzaría para unas 40.000 deudas judiciales retroactivas.
Para el economista Hernan Lletcher, de CEPA (Centro Economía Política Argentina), “el esfuerzo fiscal encarado por el Gobierno para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia sobre la economía (IFE, ATP, etc.) y la caída de la recaudación por el freno en la actividad incrementaron la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento para el gasto público porque la recaudación de impuestos está afectada por el nivel de actividad”.
Lletcher dice que por el lado de los ingresos habría que incorporar “el impuesto extraordinario a las grandes fortunas” aunque, por ahora, el Gobierno no presentó ningún proyecto. Y agrega que “se cuenta principalmente con los aportes del BCRA al financiamiento público, por el camino de adelantos transitorios y mediante transferencia de utilidades. Aunque se debe tener en cuenta que existen límites legales al financiamiento por este camino. Y por último queda la posibilidad de obtener financiamiento de mercado en pesos, en la medida que avance la normalización del mercado en moneda local. Una resolución favorable a la negociación de la deuda emitida en moneda extranjera aportaría un poco de aire, despejando la percepción de riesgo sobre los instrumentos del Tesoro Nacional, aunque hay que tener en cuenta que para obtener financiamiento neto por este camino se debería emitir nueva deuda en moneda local por encima de los vencimientos abultados en los próximos meses, por lo que el espacio para esta fuente de financiamiento también es limitado”.
AQ
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