Con la empresa intervenida, tras un pedido de la fiscal Gabriela Bouquín, y el proceso de “salvataje” o “cramdown”, el Correo Argentino controlada por la familia Macri, pretendía llegar hasta al
Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario para impedir que avance dicha instancia que es previa a la quiebra de la compañía. Con el rechazo de la fiscalía y de Carlos Zannini como Procurador del Tesoro a que se haga lugar a ese planteo, la Cámara Comercial se opuso a ese reclamo llegue al máximo Tribunal.
El Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia de Mauricio Macri, quiere recuperar la administración de la compañía intervenida por pedido de la fiscal Bouquin, planteo que Zannini respaldó a comienzos de año como Procurador del Tesoro.
En medio de una disputa con el Estado, quedó desestimada la última de las propuestas que la empresa había realizado el año pasado para evitar el “cramdown”. La misma consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.
Ante esta nueva oferta, la Procuración del Tesoro -organismo responsable de avalar o no el acuerdo- decidió rechazarla y pidió la intervención que finalmente dispuso la jueza comercial Marta Cirulli. Por pedido de Zannini, hace dos semanas se levantó la feria judicial extraordinaria y la interventora tomó posesión del cargo.
La medida desplazó a la administración del Correo, algo que derivó en un nuevo reclamo porque los abogados sostienen que la intervención “no se encuentra firme” porque fue apelado. La intervención se dispuso por un planteo de la fiscal Bouquin que replicó en un escrito Carlos Zannini, donde se hablaba de “vaciamiento” de la empresa.
La representante del Ministerio público Fiscal había indicado que el pasivo concursal se “incrementó”, lo que podría producir “otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el “cramdown”.
Todo esto derivó en que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial decidiera en diciembre de 2019 la apertura de un registro para iniciar el proceso de salvataje para la empresa, que de fracasar dejaría a la firma al borde de la quiebra. La defensa de la empresa de la familia Macri se opuso.
Según sostienen desde la compañía, el Estado “representado en esta ocasión por el Procurador Carlos Zannini, quiere llevar al Correo a la quiebra”. Por ello insisten en la justicia con un reclamo contra la apertura del salvataje. A esto se opuso hace días el Procurador del Tesoro, para quien el cramdown “no genera ningún agravio para la concursada” y que en ese contexto deberán “reformular su propuesta”.
Pidió en consecuencia, que no se haga lugar al pedido de tratar el recurso extraordinario, y que se pida la opinión de la interventora. Con este telón de fondo, se expidió la Sala B de la Cámara Comercial, que rechazó ese pedido planteado por la empresa de la familia Macri y con el que buscaban llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Los camaristas indicaron que no era atendible el argumento del grupo Socma, donde hablaron de “arbitrariedad” ante las decisiones adoptadas sobre la compañía por parte de la Justicia. Es que para la compañía, se habilita a un “abuso por parte del Estado Nacional” al dejar que el mismo “haga abuso de su supuesto derecho y de su posición dominante, y lleve a la quiebra a una empresa con el grave perjuicio de todos los sectores comprometidos, tanto proveedores, como acreedores y también el personal que se desempeña en ella”.
Al analizar el planteo, la Cámara en duros términos respondió: “El discurso de la recurrente procura enjuiciar el proceder de esta Alzada, mas no hace sino trasuntar diversa interpretación de los hechos analizados y de las conclusiones asumidas en el decisorio las que, más allá de la disconformidad que provoquen, hallan adecuado fundamento en los antecedentes de la causa, lo cual descarta la imputación de arbitrariedad”.
En este punto, los jueces mencionaron la falta de acuerdo ante las ofertas realizadas por el Correo SA resultando todas ellas, poco convenientes para el Estado, por lo cual “tanto el Poder Ejecutivo como la aquí recurrente solicitaron varias prórrogas de plazos”. Así, sin que la Procuración haya aceptado la última mejora realizada por la firma concursada, los jueces indicaron que al no obtenerse “las mayorías legales requeridas por lo que fatalmente corresponde confirmar la resolución” adoptada.
Con dicho planteo, se respaldó el dictamen de la fiscal Boquín, que rechazó el intento del Correo SA de oponerse a la apertura del proceso de salvataje, al entender que no existía la “arbitrariedad reclamada”. A su entender, avanzar con el recurso hasta la Corte, constituye “un nuevo intento dilatorio de la concursada para seguir prolongando el trámite de los actuados, lo cual a esta altura ya no puede ser admitido”.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
