La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Cristobal López, Carlos Fabián De Souza y Osvaldo José Sanfelice en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas realizadas
mediante las empresas Agosto SA y otras del Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por la sala I de ese tribunal con la firmas de los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens.
Los magistrados resolvieron no hacer lugar a los distintos planteos presentados por los recurrentes, procesados por el delito de lavado de activos, en carácter de coautores, en concurso real con el de asociación ilícita.
Los camaristas se pronunciaron de ese modo tras un fallo dictado por el juez Julián Ercolini y además, en el punto 4 de la resolución, confirmaron la orden de “trabar embargo sobre el patrimonio” de los procesados.
Por otra parte, confirmaron la falta de mérito para procesar o sobreseer a los hijos del empresario, Cristóbal Nazareno López y Emiliano López, así como a otros dos imputados, Raúl Esteban Zamora y Marta Alcira Leiva.
El fallo, fechado hoy, confirmó el embargo trabado sobre “los bienes de Agosto SA y estar a los embargos decretados respecto del patrimonio de Álcalis de la Patagonia SAIC, Oil M&S SA y CPC SA”.
Los magistrados, asimismo, resolvieron revocar parcialmente la disposición “en lo referente a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal Manuel López”.
El magistrado Llorens manifestó en el fallo coincidir con sus colegas preopinantes en cuanto a la resolución de las cuestiones preliminares tal como fueron planteadas”.
“Sin embargo, difiero con ellos en lo relativo a la solución del fondo”, expresó y explicó que “un préstamo dinerario entre empresas del mismo grupo no constituye, por sí mismo, delito alguno”.
“Más allá de los cargos que formalmente ostentaban en las sociedades cuestionadas, no surgen del expediente intervenciones materiales de los nombrados”, concluyó el juez.mo tiene por fin canalizar bienes provenientes de algún ilícito previo o defraudar derechos de terceras personas, sí podría constituir un ilícito penal”.
La firma Agosto SA era presidida por Sanfelice y quedó bajo investigación “a partir de una alerta emitida por una entidad financiera”, indicó Ercolini cuando procesó a los tres empresarios en 2019.
Por entonces, el magistrado entendió que la firma “fue constituida y funcionó como una sociedad pantalla, es decir sin una operatoria comercial considerable, más allá de las contrataciones celebradas con las empresas del grupo Indalo”.
López y De Sousa “en su calidad de responsables de las firmas Oil M&S SA, CPC SA y Álcalis de la Patagonia SAIC; y Osvaldo José Sanfelice, en su carácter de accionista y presidente de Agosto SA; habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado el dinero defraudado al Estado nacional” entre octubre de 2013 y agosto de 2016, agregó por entonces el juez.
