El fiscal Carlos Stornelli pidió esta semana, por tercera vez, al juez federal Daniel Rafecas el procesamiento de los ex presidentes del Banco de la Nación Juan Carlos Fábrega y Juan
Ignacio Forlón, entre otros, por supuestas irregularidades en la concesión de créditos a Lázaro Báez a través de un fideicomiso. Stornelli acusa a los ex funcionarios por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude contra la administración pública en el otorgamiento de créditos, a una tasa de interés más baja que la del mercado, por más de 1.000 millones de pesos a Austral Construcciones y Kank y Costilla, a cambio de sus certificado de avance de obra pública.
Las operaciones financieras beneficiaron a lo largo de casi seis años principalmente a las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. de Lázaro Báez. Esta causa está ligada a la del direccionamiento de contratos de obra pública por más de 3 mil millones de dólares a favor de Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El fiscal citó una resolución de la Cámara Federal porteña del año pasado que consignó un estudio pericial sobre el perjuicio ocasionado a las arcas del Banco de la Nación Argentina. Las conclusiones de este peritaje “han sido tomadas de forma parcial ya que no se consideraron los pagos que quedaron pendientes de cancelación”.
Desde el año 2008, el banco prestó $849.370.241 a Austral Construcciones SA, “siendo reintegrado en concepto de capital $698.240.241 sin ejecutarse ninguna garantía para el cobro de tal monto ni los intereses ni gastos y restando reintegrar aún $151.130.000 más intereses”.
Además, la entidad le prestó a Kank y Costilla S.A. “$297.000.000, de los que se devolvieron $232.230.000 quedando un saldo impago de $64.770.000 más intereses”.
El Banco Central informó en la causa que los saldos deudores de ambas empresas de Báez “excedieron los límites autorizados” desde el año 2009 al 2014 con continuas aprobaciones de excepción.
Hacía mediados de 2013, el Banco Nación extendió por un año el vencimiento del fideicomiso financiero que “de no haberlo hecho Lázaro Baez habría tenido que devolverle a la entidad $231.000.000 que mantenía financiados”.
Por otro lado, “el mismo Directorio habría ampliado hasta $300.000.000 el monto autorizado para emitir títulos denominados “Clase A” – contra garantía de certificados de obra pública-; mientras que los $50.000.000 restantes, denominados “Clase B”, deberían ser emitidos con otras garantías”, recordó Stornelli.
Además, el fiscal señaló que se permitieron tres adendas al acuerdo original y vinculó estas operaciones “con las investigados en otros sumarios, como la causa 5048/2016 de “Vialidad Nacional” –hoy en juicio oral-, en la que Austral Construcciones SA hizo abandono de la obra pública que llevaba a cabo en la provincia de Santa Cruz, al concluir el mandato presidencial de Cristina Fernández, no obstante que el Estado Nacional no le adeudaba el pago de ninguna obra”.
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