La causa judicial entre Correo Argentino (CASA) y el Estado Nacional, iniciada en septiembre de 2001, espera una definición en la Justicia Comercial.
En ese marco, Correo Argentino, concesionada
al Grupo Socma entre 1997 y 2003, denuncia los atropellos jurídicos sufridos desde el comienzo del proceso.
En 2003 Correo Argentino fue expropiada por el presidente Néstor Kirchner, y el Poder Ejecutivo Nacional reclamó una deuda de $296 millones (en ese momento 296 millones de dólares) por la falta de pago del canon de concesión al Estado.
Según el Poder Ejecutivo, la empresa sólo había cumplido con el pago durante el primer año.
La causa judicial se había iniciado en septiembre de 2001, momento en que Correo Argentino se presentó en concurso de acreedores, con el Estado Nacional como su máximo acreedor.
En 2016, y luego de varios frustrados intentos, los representantes del Estado aceptaron la propuesta de pago de la empresa. El acuerdo espera la homologación de la Justicia Comercial.
Sin embargo, la oferta fue rechazada por la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien sostuvo que si se aceptara la propuesta, el Estado dejaría de percibir poco más de 70 mil millones de pesos.
En desacuerdo con la fiscal, desde Correo Argentino señalan las sucesivas arbitrariedades que marcaron todo el proceso.
Entre otras cosas, y sobre el concurso de acreedores y la falta de pago del canon, los representantes de CASA señalan que la Sindicatura General de la Nación confirmó en su dictamen de apertura del concurso que el motivo de la interrupción de pagos fue el incumplimiento del Estado de las obligaciones asumidas al momento de la concesión, entre ellas la exclusividad del Correo Argentino en el envío de cartas documento y exclusividad del servicio para entes públicos.
También recordaron que el gobierno de Néstor Kirchner ordenó la apropiación de los bienes de Correo Argentino sin una ley del Congreso que determine la utilidad pública, ni una ley de expropiación que estableciera el pago de un precio o compensación.
En referencia a la propuesta de pago de Correo Argentino a sus acreedores señalaron que el dictamen de la Auditoria General de la Nación estableció que la duración del proceso concursal fue responsabilidad de las autoridades nacionales y que la propuesta de la empresa fue acorde a su capacidad financiera. También denunciaron como “ridícula” la suma de $70.163.910.895 que la fiscal Gabriel Boquín estableció como pérdida para el Estado si se aceptara el acuerdo alcanzado en 2016.
Además argumentan que la pericia realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que no hubo vaciamiento de la empresa, que sus gastos fueron corrientes y habituales y pagados por el grupo empresario SOCMA de la familia Macri. Y que la fiscal Boquin, que denunciara el vaciamiento, nunca tomó en cuenta esta pericia.
Aseguran también que es falso que Correo Argentino no tenga bienes, y que cuenta con un plazo fijo de 10 millones de dólares y 40 millones de pesos a los que no puede acceder por decisión de la jueza Cirulli. “Solo con los intereses de esos plazos fijos se pagarían todos los gastos ordinarios de la empresa”, explicaron sus representantes legales. Además, aclararon que tampoco es cierto que la compañía tenga una deuda de 600 millones de pesos con la AFIP, y que se presentó una impresión de pantalla donde se demostró la inexistencia de la deuda con el fisco.
A comienzos de julio, Carlos Zannini, procurador del Tesoro y cerebro jurídico K, pidió que la interventora Inés Farber asuma la conducción total de la empresa, lo que fue objetado por los abogados de Correo Argentino, que señalan que la designación de la interventora fue “irregular” y “no está firme” y denunciaron a Zannini por querer empujar a la empresa a la quiebra.
La fiscal Boquin, en tanto, atraviesa cuestionamientos varios: fue denunciada por maltrato laboral y en la Bicameral del Ministerio Público es muy cuestionada su imparcialidad para seguir a cargo de la causa. Sorprende también la inacción de la jueza Cirulli, que permitió el avance de medidas que sólo parecen buscar la quiebra del Correo Argentino. Finalmente, las camaristas Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini no mostraron hasta ahora la decisión necesaria para limitar los excesos que se suceden en la causa judicial.
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