La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación recibió nuevas acusaciones contra
el trabajo del procurador interino, Eduardo Casal, durante una videoconferencia en la que participaron abogados y el titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo.
Uno de los que cuestionó el trabajo de Casal fue el fiscal Adrián García Lois, quien interpretó que el procurador interino le comunicó la elevación de un sumario en su contra cuando pretendía ocupar una fiscalía en Comodoro Rivadavia.
García Lois dijo que “el expediente disciplinario original le fue instruido en su contra durante el mandato de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó en 2014”.
Posteriormente -precisó García Lois- “en diciembre de 2018 me comunican que el Consejo Evaluador me había sancionado”.
No obstante, García Lois también contó que “ayer el propio procurador Casal archivó”, finalmente, el expediente en su contra.
El fiscal Rívolo, por su parte, cuestionó al oficialismo y a la oposición por no haberse puesto de acuerdo en designar a un procurador titular.
“Casal está ocupando ese lugar por la falta de destreza de la política del gobierno anterior y de este. No es responsabilidad del procurador Casal. No es responsabilidad de los fiscales”, afirmó Rívolo.
El funcionario dijo que Casal “era una persona de confianza de la (ex) procuradora” Gils Carbó y que su situación al frente de la Procuración “no es ilegítima, sino que está allí por imperio de la Ley”.
Rívolo defendió al procurador interino al expresar que “no existían pruebas en contra de Casal” y desafió a los legisladores del oficialismo que integran la Bicameral argumentando que “cuando marquen las irregularidades en términos objetivos, nosotros le podremos contestar”.
También fueron convocados para prestar su testimonio ante la Comisión dos abogados de la provincia de Corrientes, quienes acusaron a Casal por haber avanzado en “designaciones anómalas” en la fiscalía de Paso de los Libres.
Uno de ellos, Dionisio Velasco, argumentó: “Estoy procesado por ser abogado defensor y nada más”, cuando una de las diputadas de la oposición, Graciela Ocaña, recordó que existía una causa con sentencia por ser coautor y haber desplegado una serie de amenazas a las víctimas de una causa de trata con el objetivo de coaccionarlas.
