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El Consejo Consultivo creado por el presidente Alberto Fernández para analizar y proponer cambios en el Poder Judicial ya le puso fecha al inicio del debate sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, previsto para el 13 de octubre y que, a diferencia del resto de los temas a evaluar, tomará diez reuniones específicas antes de una “recomendación” al Poder Ejecutivo.
Así lo confirmó a Télam una fuente de este equipo de expertos que precisó que debido a que son de “gravitación” los aspectos relacionados con el funcionamiento de la Corte, se decidió destinar diez reuniones en el cronograma ya aprobado y en marcha desde el 18 de agosto, en vez de las tres que suelen tener el resto de los aspectos de la Justicia a analizar por pedido del jefe de Estado.
Incluso, adelantó que en el marco de estas reuniones destinadas exclusivamente a debatir las ideas para el mejor funcionamiento de la Corte, se invitará a cada uno de los integrantes del máximo tribunal a exponer su mirada ante los expertos, pero de forma individual y no en conjunto.
La integración de la Corte Suprema fue uno de los temas que más debate generó apenas conocido el Decreto 635/2020 publicado el 30 de julio en el Boletín Oficial y que tiene como objetivo el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Se analiza su composición con la actual cantidad de miembros o su ampliación, así como su división en salas o la creación de un órgano intermedio para absorber las 24 mil causas que llegan por año al máximo tribunal y que son rechazadas en un 90 por ciento por no estar relacionadas directa o indirectamente con su función de control de la constitucionalidad de las normas y actos estatales.
El Consejo, que tuvo su primera reunión el 18 de agosto, deberá realizar “una descripción valorativa” sobre “los problemas que se observan para el correcto funcionamiento” de la Corte, pero antes de llegar a ese punto, tendrá que hacerlo sobre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa”.
También respecto al juicio por jurados y el modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A esta “descripción valorativa” le seguirá una “recomendación” al titular del Poder Ejecutivo sobre las modificaciones a realizar, según lo plantea el Decreto.
Así, mientras se espera el inicio de la discusión del capítulo de mayor gravitación y que mayor debate genera incluso en la sociedad, por ser el máximo órgano judicial de la Nación, el equipo de expertos comenzó a debatir el primer tema que figura en la agenda, que es el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación.
Para ello los 11 expertos convocados por el Poder Ejecutivo ya concretaron tres reuniones ordinarias y una extraordinaria, esta última con exposiciones de los titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, Eduardo Casal y Stella Maris Martínez, respectivamente, y de otros organismos de derechos humanos e incluso del ámbito gubernamental.
El martes último participaron de la reunión extraordinaria -además de Casal y Martínez- representantes del CELS, Justicia Legítima, Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y Consejo de Decanos de la Facultad de Derecho, que contaron con diez minutos para exponer por separado sin que se puedan realizar preguntas, según precisó la fuente consultada.
Los 11 integrantes del Consejo Consultivo, provenientes del ámbito de la Justicia, académico y del ejercicio de la profesión de abogados, se reúnen todos los martes y sábados durante dos horas, desde las 11 hasta las 13.
Integran el órgano Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Si bien el Consejo tenía previsto reunirse hoy para concluir el capítulo Ministerio Público, la última cita de este primer tramo que marca el cronograma se pasó al martes, cuando se reunirán para definir posiciones respecto a la conveniencia o no de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares, así como la forma de designación y de destitución.
Según adelantó la fuente, “hay bastante acuerdo” respecto a la posibilidad de que “sus mandatos sean temporales” en vez de hasta los 75 años, tal como funciona en la actualidad, y que incluye prórrogas por cinco años.
También está en discusión la conveniencia de incorporar a la estructura del Ministerio Público Fiscal a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) y, en lo que hace al Ministerio Público de la Defensa, a integrar mediante convenios al servicio de defensa oficial y a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones, además de la perspectiva de género en la composición de ambos.
Según la fuente consultada por Télam, “existe bastante consenso para la temporalidad, es decir para que el mandato sea a término”, es decir que el cargo tenga fecha de vencimiento, en vez de que sea casi “vitalicio”, como lo es hasta ahora.
Para esta modificación se basarían en el artículo 120 de la Constitución Nacional que indica en cuanto a la forma de establecer ese plazo “lo que la ley establezca”, por lo que deja abierta la puerta a una discusión en el sentido de la termporalidad.
En cuanto a la destitución, adelantó que “hay un ambiente propicio a mantener es estatus quo” y que sea “por juicio político” y respecto al mecanismo de designación, consideró que “todo indica que se mantendrá el sistema habitual de dos tercios de los miembros presentes del Senado en sesión pública”.
Una vez que concluya la discusión en torno al Ministerio Público, será el momento del debate por la transferencia de competencia penal no federal a ciudad, marcada para los primeros días de septiembre.
El cronograma ya está acordado y se prevé que el 19 de septiembre siga el debate en torno al juicio por jurados, el 26 por el Consejo de la Magistratura y el 13 de octubre por la Corte, hasta llegar al 17 de noviembre, cuando concluya la discusión y la evaluación y se eleve al Presidente un dictamen con las propuestas y recomendaciones concretas sobre los ejes propuestos.
Para ello, precisó la fuente, habrá dictámenes de mayoría y de minoría que se presentarán formalmente el 18 de noviembre al titular del Poder Ejecutivo, dando cumplimiento a los 90 días de trabajo estipulados.
