Nadie como los parlamentarios quedan expuestos ante una norma defectuosa. En marzo votaron la Ley 15.172 para suspender los desalojos en la Provincia, hasta el 30 de setiembre, y ahora intentan
una aclaratoria para evitar que quienes realizan tomas ilegales de tierras puedan utilizar ese recurso para evitar ser evacuados por las Justicia.
El punto de controversia es el artículo N° 5 de la ley. Establece que “ se suspende toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales”.
En marzo, el proyecto fue impulsado por Axel Kicillof. Luego fue aprobado por unanimidad en la Legislatura. Ahora, en medio del aluvional fenómeno de las tomas, algunos legisladores perciben que resulta ambigua y que presenta intersticios por donde cuelan presentaciones de abogados vinculados con las usurpaciones de predios para posteriores asentamientos poblacionales.
La norma está referida a inquilino de casa familiar. No incluye a tomadores de tierras. Sí habla de “grupo de personas en situación de calle”. En ese caso, habría que comprobar cada caso en cada asentamiento. Ejemplo: en el útimo de La Plata hay 1.000 familias en un campo de 155 hectáreas. Otro tanto en Guernica, en terrenos de 100 hectáreas. La controversia es tiempo que se gana en el litigio. El usurpador considera tener razones legales y el propietario, incluso el estado cuando afectan su patrimonio, queda disminuido.
El espíritu de la ley, fue, en su momento, reducir la conflictividad social en el caso de los inquilinos, o tenedores de créditos hipotecarios UVA. También, como excepcionalidad, para aquellas personas que observan “una ocupación pacífica desde hace años”.
Pero, entre los pliegues de la ley se filtró un imprevisto. Hay presentaciones contra los desalojos de terrenos tomados ilegalmente con el concurso del artículo N° 5. En Moreno, por caso, aseguran que hay medio centenar de expulsiones frenados por estos recursos planteados.
Hace unos días, el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, presentó un proyecto de “aclaratoria” sobre el articulado en cuestión. El objetivo es delimitar la aplicación de la ley a la situación prescripta, y no a las tomas de tierras de manera compulsiva.
Según el diputado Alex Campbell, del mismo espacio político, “la intención fue defender la posición, en momentos de emergencia, de los inquilinos o tomadores de créditos hipotecarios”. “Pero nunca amparar una actitud que involucra eventuales delitos”, insistió el legislador.
El senador, Juan Pablo Allan (JpC) también reveló la existencia de “algunos actores de la Justicia que buscan ampararse en esta aparente controversia para no hacer cumplir la ley que corresponde”. “No hay motivos para desconocer el alcance constitucional de la defensa de la propiedad privada y restablecer las propiedades a los verdaderos dueños”, concluyó el parlamentario.
La polémica se desarrolla en plena expansión del fenómenos de tierras usurpadas. La provincia de Buenos Aires registra 1.800 asentamientos en las últimas décadas. En este último años, se registra una disparada en apariencia incontrolable del fenómeno. El último, en Guernica, en el municipio de Presidente Perón, ya dispusieron pertenencia propia mil familias. El desalojo está suspendido por el juez de la causa.
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