Causa Vialidad: confirman que la constructora de Lázaro Báez recibía millones de dólares a pesar de no presentar sus balances

había recibido unos 3 mil millones de dólares en contratos de obra pública por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esta causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez está procesada la vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita.

Durante las últimas semanas, el fiscal y el tribunal oral federal 2 alertaron que el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, y otros defensores de los acusados presionaron a los testigos y actúan en forma coordinada.

Por otra parte, el tribunal oral que juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y otros procesados por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz deberá resolver si convoca como testigo al exasesor legal del Ministerio de Planificación Federal Rafael Llorens o dilata esa citación hasta que el juicio sea presencial debido a la importancia de su declaración.

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Al concluir una nueva audiencia remota del debate oral, se anticiparon los testigos previstos para la próxima semana y el fiscal de juicio Diego Luciani solicitó que en el caso de Llorens y Pablo Campi, sus declaraciones se difieran hasta que el juicio sea presencial.

Llorens está inicialmente citado para el lunes próximo y era jefe de Asuntos Legales del ex Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido, juzgado en esta causa, y Campi, convocado para el martes, era director general de Asuntos Jurídicos de ese organismo.

Llorens estuvo detenido en el caso por los cuadernos del remisero Omar Centeno y espera ser sometido a juicio oral en esa investigación.

Luciani sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 2 que ambos son “testigos de relevancia” y por eso pidió a los jueces que se difieran sus citaciones hasta que todas las partes puedan estar físicamente en la sala de audiencia de los tribunales de Retiro.

Ante la pandemia de coronavirus, el juicio se realiza actualmente por videoconferencia y sólo los tres jueces, un secretario y los testigos del día concurren de manera física a la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

Ante el planteo, el Tribunal resolvió tomar una decisión en el transcurso de la semana.

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En la audiencia declaró una testigo, la abogada de la Inspección General de Justicia (IGJ) Eugenia Piñeyro, quien participó de una inspección a las oficinas porteñas de la firma de Lázaro Báez, “Austral Construcciones” en mayo de 2016 y firmó un dictamen por incumplimiento de la constructora en la presentación de balances.

La testigo recordó que trabaja hace 33 años en la IGJ y que ese operativo le fue encomendado por sus superiores a raíz de “una comunicación efectuada al organismo poniendo en conocimiento de supuestas irregularidades en el accionar de la empresa”.

La abogada concurrió al lugar junto a una testigo que ya declaró en el juicio, la contadora Cristina Labaize, para cumplir con lo ordenado en ese momento cuando la IGJ estaba a cargo de Sergio Brodsky.

En las oficinas de Báez las atendió una recepcionista que informó que los libros estaban en la sede de Río Gallegos, por lo cual se labró un acta en la que se le dio a la firma 20 días para presentarlos ante la IGJ.

Según las testigos, faltaban balances entre 2011 y 2015. de Austral Construcciones que había recibido unos 3 mil millones de dólares en contratos de obra pública por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La actual Vicepresidenta, Báez, De Vido, el exsecretario de Obra Pública José López y otros procesados son juzgados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de “Austral Construcciones” y otras empresas vinculadas y por supuestos sobreprecios.