En sus mandatos, Néstor y Cristina Kirchner trasladaron a 23 jueces sin acuerdo del Senado

este mecanismo fue reglamentado a través de un Reglamento de Traslados hecho por el Consejo de la Magistratura. Desde entonces, se comenzaron a producir decenas de traslados sujetos a esta reglamentación.

Según los datos del Ministerio de Justicia, la mayoría cargados durante la anterior gestión, desde 1995 hubo 65 traslados de jueces, 23 de los mismos fueron durante los gobiernos kirchneristas, otros 22 durante el macrismo. En Comodoro Py, remarcaron que fue posterior la exigencia de que pasen por el Congreso los acuerdos, en medio del debate por el corrimiento de tres jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y German Castelli que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner.

Los datos se conocen justo cuando el presidente Alberto Fernández salió a presionar a la Corte cuando tiene que decidir sobre el per saltum de Bertuzzi, Bruglia y Castelli con duras críticas a su titular, Carlos Rosenkrantz.

Este martes la Corte Suprema de Justicia tendrá una acordada extraordinaria, convocada por el presidente del Máximo Tribunal, para abordar el planteo realizado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los magistrados fueron removidos de los cargos que ocupaban dentro del fuero federal desde 2018. El kirchnerismo, primero desde el Consejo de la Magistratura puso en discusión cómo se generaron sus traslados. Se confeccionó una lista de diez funcionarios en similares circunstancias y el debate se trasladó al Congreso. Allí, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se votó el corrimiento de tres de la totalidad de casos en estudio. Finalmente, el presidente Alberto Fernández aprobó cada instancia con un decreto.

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El 15 de julio en el Consejo se señaló que hubo unos once traslados de magistrados que cumplieron con todos los requisitos. Se determinó, desde el oficialismo, que otros 16 jueces integraban una lista de traslados bajo la reglamentación que se hicieron “sin cumplir la totalidad de las exigencias”, pero que así y todo, no vulneraban algún procedimiento constitucional. Finalmente, en un tercer grupo se colocaron a los magistrados que incumplieron lo establecido, es decir los tres jueces ya removidos y otros siete.

Lo cierto es que el traslado de magistrado, es una práctica con historia en la Justicia que hasta el 2000 no contaba con una reglamentación. Fue la normativa 155/2000 la que vino a zanjar algunos debates que surgían respecto al movimiento de varios jueces. La letra del texto, indica: “podrán solicitar su traslado a otro tribunal que se encuentre vacante siempre que no se haya resuelto la convocatoria a concurso público de antecedentes y en oposición para cubrir el cargo. Esta condición no regirá cuando se trata de un mismo tribunal colegiado”.

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Si el traslado solicitado contaba con la misma jurisdicción e igual competencia en materia y grado que el juez ocupaba, se avalaba el traslado. El inciso b sostenía “este requisito no será exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la función a la que pide su pase”.

El tecnicismo se mantuvo durante años. Los movimientos dentro del Poder Judicial continuaron y los datos recabados y publicados en el sistema abierto del Ministerio de Justicia, indican que desde 1995 hubo 65 traslados. De ese total, 23 cuentan con la firma de ministros de Justicia de los gobiernos kirchneristas: desde Gustavo Béliz, pasando por Aníbal Fernández, Julio Alak. Fuentes oficiales indicaron que el mayor porcentaje de los casos, no pasaron por el Congreso. Ex funcionarios del área, de la anterior gestión, indicaron que siguiendo el criterio del Consejo “los 23 traslados del gobierno kirchnerista, deberían ser revisados igual”.

Entre los ejemplos hay casos de jueces que de Tribunales Orales pasaron a integrar Cámaras de Tribunales orales. En Mendoza, por ejemplo, en 2013 un juez de Cámara del Tribunal Oral 1 pasó a integrar la Cámara Federal de apelaciones en la misma provincia. Como en 2008, jueces de tribunales orales y criminales de la Capital, tribunales 22 y 29, que pasaron a integrar Cámaras del mismo fuero.

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El avance sobre un grupo de traslados, no es ajena a la reforma judicial que impulsó el presidente Fernández, pese a que Cristina Kirchner dijo que no era el proyecto que pretendía. Hay una decisión de la Casa Rosada de “mejorar y quitar los vicios del Poder Judicial”, como señaló una fuente oficial a Clarín. La oposición sin embargo, sostiene que todo persigue un sólo objetivo: la impunidad de la vicepresidenta que cuenta con ocho procesos judiciales, todos ellos por corrupción elevados ya a juicio oral. El kirchnerismo lo desmiente y reitera que la justicia ha actuado como brazo ejecutor “del lawfare que inició el macrismo”.