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El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge quedó en condiciones de definir la situación procesal de los 24 acusados en la causa del supuesto espionaje ilegal entre los que sobresalen, por los cargos que ocuparon, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del Gobierno de Cambiemos y el secretario privado del expresidente Mauricio Macri.
Los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y el otrora secretario presidencial, Darío Nieto, fueron precisamente los últimos tres indagados de una larga ronda que duró casi tres semanas y recurrieron a la misma estrategia: sin negar que hubieran podido existir maniobras de espionaje ilegal, aseguraron que no las ordenaron, participaron ni supieron de ellas.
Arribas, Majdalani y Nieto coincidieron en utilizar sus respectivas indagatorias para defenderse a través de monólogos -sin responder preguntas- y dedicar una buena parte de ellas a criticar a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide a los que no le reconocieron competencia sobre el expediente que, como imputados, pretenden llevar a los tribunales federales porteños de Comodoro Py.
Es que por, cuerda separada, esta semana todos presentaron sus argumentos ante la Cámara Federal de La Plata, que tiene que resolver un incidente vinculado con la jurisdicción en la que debería tramitarse el expediente: Lomas de Zamora vs. Comodoro Py.
La exsubdirectora de la AFI, Majdalani, aseguró el último jueves que en la AFI no funcionó una “banda de delincuentes ni una asociación ilícita” y que si hubo espionaje ilegal pudo haber sido desplegados por cuentapropistas; mientras que el exdirector, Arribas, dijo al día siguiente que él no ordenó el espionaje ilegal y que “desgraciadamente” los mecanismos de control y denuncia que él mismo dijo haber fortalecido “no fueron activados a tiempo”.
Los dos extitulares de la AFI recurrieron, como estrategia de defensa, a decir que en la abundante prueba de supuesto espionaje ilegal que hay en el expediente ninguno de los dos aparece dando órdenes a los espías que realizaron los trabajos en territorio por lo que dijeron que nunca supieron que eso ocurrió con agentes de la central de inteligencia que les tocó conducir.
Si bien es cierto que esa llamada “prueba directa” no está en el expediente, su negativa a responder preguntas dejó la duda sobre cómo se les pudo pasar que más de 20 espías y un director nombrado en un área creada por ellos (Alan Ruiz, en Operaciones Especiales) se hubieran dedicado al menos dos años -entre 2017 y 2019- a seguir dirigentes políticos, gremiales y religiosos sin que se enteraran.
Tanto Arribas como Majdalani señalaron que la AFI contaba con un total aproximado de 1800 agentes cuando ingresaron y el exseñor 5, como se conoce al director general de ese organismo en la jerga de los espías, sostuvo “era imposible estar en el día a día de la actividad de cada uno de ellos”.
El exseñor 5 y la exseñora 8, número asignado a la subdirectora, apuntaron hacia abajo: la hipótesis que dejaron sembrada en sus respectivas indagatorias es que si el espionaje ilegal existió fue producto de un cúmulo de agentes descontrolados y con espíritu emprendedor que buscaron ganar unos pesos más a fin de mes con actividades prohibidas.
Los espías rasos, por su parte, usaron una estrategia inversa: todos callaron y se remitieron a sus primeras declaraciones en el expediente en las que muchos de ellos habían señalado que las ordenes vinculadas con el espionaje político las daba Ruiz, a instancias de los jefes de la AFI, y que siempre creyeron que eran legales.
Los espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, por caso, ratificaron sus primeras declaraciones en las que dieron cuenta del supuesto vínculo directo entre Ruiz y Majdalani, algo que superaba incluso lo establecido por el organigrama de la AFI en el que Operaciones Especiales no dependía directamente de la subdirección de la central de espías sino que reportaba dentro de Contrainteligencia.
Tal era el supuesto vínculo de Ruiz con la exseñora 8 que, según declaró un agente de la AFI ante la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia al exdirector de Operaciones Especiales sus subordinados lo bautizaron “el 9”.
Para los fiscales de la causa, los acusados “conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”, según consta en la imputación.
Dentro de la estructura de la AFI, la dirección de “esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani”, sostuvieron los fiscales Incardona y Eyherabide que, además, indicaron que “se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”.
En tanto, a Nieto se lo acusa de haber sido el canal alternativo para que algunos de los informes producidos con información obtenida de manera ilegal llegara al despacho presidencial por una vía alternativa que involucraba a una empleada de un área bajo su cargo (Susana Mertinengo, documentación presidencial) que está imputada y reconoció su amistad con algunos de los espías.
Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de WhatsApp identificados como “Super Mario Bros”, “Grupo Pilar”, “Grupo Argentina”, “Grupo Las Tres” y “Grupo Cueva”, según pudo reconstruir esta agencia.
