El volantazo diplomático que decidió Javier Milei respecto al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas todavía no pasó por el cedazo del Congreso. El Ejecutivo demoró dos semanas en presentar una reforma ambiciosa a la Ley 26.659, la norma sancionada hace 15 años para castigar con sanciones económicas la explotación ilegal hidrocarburífera alrededor del archipiélago austral. Antes de hacerlo, en el gobierno se apuraron para aplicar tarde, pero en tiempo récord, la norma que la administración libertaria no aplicó en los últimos tres años. Mandaron cartas documento, hicieron un listado de empresas objetivo y sobrevendieron la iniciativa que anunció el presidente. Sin embargo, el texto presentado incluyó la creación de un “Consejo de Seguridad Nacional” que es definido como “órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional (SSN)”. Será encabezado por el presidente y tendrá la función de coordinar a las funciones “diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional, así como a aquellas vinculadas a la protección de las Infraestructuras Críticas y de la Soberanía”.
En el proyecto parece como una concentración inédita de poder sobre las libertades públicas, pero en realidad el gobierno no necesita el envío de una nueva ley para poder hacerlo, porque gran parte de esas tareas ya con coordinadas, sin control parlamentario, a través de la vieja y relanzada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde principios de año tiene hasta la potestad de aprehender civiles sin orden judicial, dentro de un segundo proceso de resideño que fue realizado por decreto, a través de una atribución presidencial que no pasó por el Congreso. Amparado en un DNU, Milei concretó una segunda reforma después de dividir la anterior Agencia Federal de Inteligencia en cuatro sectores distintos donde el gobierno, a través de Santiago Caputo, negoció pactos de no agresión con todas las tribus que forman parte del dispositivo argentino de espionaje.
El Ejecutivo no sólo garantizó retomar el manejo discrecional de los fondos reservados, sino que rediseño el sistema de inteligencia, intentó desarmar el aparato de espionaje militar y desarticuló, dentro de la Presidencia de la Nación, a la secretaría de Asuntos Estratégicos, un organismo pensado originalmente para emular al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos. En Washington funciona como un ente que depende del presidente y duplica las funciones del resto del Ejecutivo. Su misión es controlarlo y, en algunos casos, ejercer el poder presidencial de manera absoluta en nombre de la seguridad del Estado a través de los aparatos de inteligencia que dependen de la figura presidencial.
Ante las críticas, este sábado la Oficina de Comunicación salió a atajar las críticas de especialistas y opositores, que acusan a Milei de aferrarse al relanzamiento de la causa Malvinas para meter una nueva reforma que limita, aún más, las libertades civiles bajo el pretexto de una hipótesis de conflicto. Su creación, sostiene la OPRA, “tiene como principal objetivo dotar a la República Argentina de una herramienta multimodal, moderna e integral que logre dar respuestas estratégicas a las amenazas multidimensionales externas que se presentan en la nueva era y así poder consolidar la Seguridad Nacional”. Es la misma función que tenía la secretaría de Asuntos Estratégicos desde su implementación durante el gobierno de Mauricio Macri.
Durante la primera etapa de Milei, la secretaria pasó a la órbita de la jefatura de Gabinete, por entonces en manos de Guillermo Francos. En ese puesto puso a José Luis Vila, un antiguo funcionario del radicalismo, con amplia experiencia en el espionaje, de estrecha relación con el exministro y actual empresario Enrique “Coti” Nosiglia. Vila fue, durante décadas, un interlocutor muy confiable para los Estados Unidos y con ese perfil mantuvo una ventanilla paralela en temas de inteligencia estratégica, por fuera del entramado opaco que define a la SIDE. Con la salida de Francos sobrevino la partida de Vila y el fin de la secretaría que buscaba controlar a una comunidad de inteligencia estatal que no tolera ningún control que ponga en riesgo su autonomía.
La introducción del tema en la reforma de la Ley 26.659 busca revivir las atribuciones que tenía esa secretaría, pero ahora ponerla en forma de consejo bajo la órbita del presidente, sin más intermediarios que la preeminencia de la SIDE, un organismo que sigue funcionando como la policía política del gobierno de turno.
Como son tan amplias las atribuciones que le otorgan al futuro “Consejo de Seguridad”, el Gobierno estuvo obligado a desmentir la intervención del aparato militar en temas de seguridad interior. Lo cierto es que el Ejecutivo planeaba cambiar la ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior, pero no cuenta con los votos para hacerlo en el Congreso. Ahora asoma un nuevo intento, pero amparado en una reforma integral sobre Malvinas que busca afinar los recursos de control y sanción, que incluye penas de prisión y otro repechaje de la reforma del aparato de seguridad e inteligencia que el Ejecutivo todavía no pudo hacer por decreto.
Las definiciones que tiene el proyecto presentado esta semana a la Cámara Baja anticipan los pasos que tendrá el oficialismo: buscará tramitarlo en las comisiones que controla y poner a prueba una negociación que, al menos en los hechos, presenta como novedad tareas que el Estado ya realiza durante la gestión de Milei.
Fuente Tiempo Argentino
