El Gobierno, en alerta: gestiones contrarreloj para frenar otra protesta en una fuerza de Seguridad

amenazaba con reavivar el clima de tensión que se generó entre las fuerzas de seguridad el mes pasado, con la huelga de la Policía Bonaerense.

El motivo de la protesta que un grupo de retirados y familiares de efectivos del SPF en actividad habían convocado para este viernes desde el Obelisco a la sede del Ministerio de Justicia, obedecía a cuestiones salariales. En efecto, denuncian que durante la gestión de Mauricio Macri, en especial los últimos dos años, vieron retroceder sus salarios en comparación con los de otras fuerzas federales. Pero, también, tiene como caldo de cultivo de la puja interna latente entre la nueva gestión y sectores vinculados a la anterior administración.

En el Gobierno advirtieron esta situación ni bien trascendió la posibilidad de una marcha. Es que, a pesar de reconocer el retroceso en materia salarial que afrontó la fuerza, sorprendió que se evaluara una medida “a sólo dos días que comenzaran las negociaciones para acordar una recomposición”, en el marco de las reuniones que desde Jefatura de Gabinete encabeza la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani.

La funcionaria cercana al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ejecuta la estrategia de homogeneizar los aumentos para todo el sector público que dispuso Alberto Fernández desde que asumió la Presidencia. El objetivo, aseguran en Balcarce 50, es evitar discrecionalidades en función de negociaciones políticas que pueda hacer cada área de la Administración Pública Nacional, para evitar un “efecto dominó”. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que lidia con reclamos de los gremios vinculados al sector privado, es uno de los principales interesados en evitar eso. 

Si bien no se trata de una negociación paritaria, por la imposibilidad de las fuerzas de seguridad de tener representación gremial, en esa mesa confluyen representantes del Ministerio de Justicia y también participan informalmente efectivos del SPF, además de la interventora María Laura Garrigós de Rébori.

Allí llegó un bosquejo de petitorio que rápidamente dio cuenta de la brecha entre las pretensiones de las partes: mientras el personal reclama un aumento en torno al 50 por ciento, en sintonía con las otras fuerzas federales y al mismo tiempo como recomposición de la pérdida salarial del 2020 y de años anteriores, la primera promesa del Gobierno fue un aumento del 7% desde octubre, en línea con el aumento otorgado al personal público no político.

“Pero quedó claro (en la mesa) que no proponíamos este aumento y nada más. Simplemente lo pusimos sobre la mesa porque, mientras se lleva adelante esa mesa, queríamos asegurar que en octubre ya se empezara a cobrar ese aumento que es el piso”, explicaron fuentes oficiales al frente de la negociación. 

La aclaración, en cualquier caso, no llegó a evitar que algunos sectores propiciaran una protesta a través de redes sociales. Con todo, en el Gobierno están convencidos que responden a la gestión anterior y que aprovechan este contexto para pujar por recuperar el espacio perdido. “No tiene otra explicación. Si a dos días de empezar una negociación en la que te sentás con la premisa de reconocer la pérdida del salario, te responden con una marcha, no hay que ser demasiado mal pensado…”, razonan.

La ministra Marcela Losardo y el vice Juan Martín Mena encabezaron gestiones contrarreloj para frenar la medida, que fue desactivada este jueves a la noche. La principal preocupación radicaba en que el reclamo de los retirados se extendiera a los 16 mil efectivos en actividad y, peor aún, a aquellos que se encuentran de guardia.

Por eso, rápidamente hubo aclaraciones oficiales: “Se informa al Personal del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en trámite un Decreto de Necesidad y Urgencia, que otorgará a las Fuerzas de Seguridad un incremento salarial idéntico para todas y que será percibido en el mismo momento”, prometió la cúpula del SPF mediante un comunicado interno al personal, en el que adelanta que “se está trabajando con instancias técnicas y ministeriales una recomposición de los rubros que componen el salario”.

“Esto fue fogoneado por un sector que quedó desplazado. El reclamo (de recomposición) es legítimo, pero no debería hacerse una movilización porque estamos trabajando para que el SPF no quede descolgado de los aumentos previstos para las fuerzas de seguridad y además se está gestionando una recomposición salarial de lo que perdieron en 2019″, expone una alta fuente oficial, que concede “una baja del salario que en algunos penitenciarios llega al 28 por ciento”. 

En rigor, si bien el malestar dentro de la fuerza estaba latente, la tensión creció luego de que el Gobierno oficializara aumentos para otras fuerzas federales y no diera certezas de recomposición a los penitenciarios. En ese sentido, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien en 2012 siguió de cerca la protesta de Gendarmería, leyó rápido el impacto que podían tener las mejoras salariales otorgadas a la Policía Bonaerense y consiguió un aumento promedio superior al 20 por ciento -y que en algunos casos llega al 40 por ciento- con blanqueo incluido. 

Paradoja de la política, la situación salarial de las fuerzas federales que heredó Frederic de su antecesora Patricia Bullrich, que había dispuesto aumentos superiores incluso a la inflación, es distinta a la que recibió Garrigós de Rébori en Justicia, donde el personal penitenciario pasó en cuatro años de liderar el ranking de salarios entre las fuerzas federales a quedar relegado.

La interventora busca revertir esa situación pero, al mismo tiempo, plantea la necesidad de generar incentivos profesionales y formativos para el personal. Es uno de los pedidos que le hizo el Presidente cuando la designó tras el motín de Devoto.

PDL

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