El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acelera la construcción de seis “centros de transición” que será habitados por las familias que aún permanecen en los terrenos ocupados en Guernica, partido de Presidente Perón, y que deberán serán desalojados por orden judicial antes del 30 de este mes.
Los “centros de transición” son dos establecimientos cerrados y cuatros abiertos y allí serán alojadas las familias aún están en el predio desde julio pasado hasta que se habiliten los lotes disponibles en Presidente Perón.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizó un último relevamiento para determinar el número de familias que deberán dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
“Las ocupaciones son un conflicto social complejo y heterogéneo. Hay gente que vive ahí, gente que no y dejó una estructura que marca un lote, gente que está solamente durante el día. Muchos tienen un lugar a dónde quedarse, el problema es que están en condiciones de hacinamiento o alquileres informales muy caros”, ratificó una fuente oficial.
“Este relevamiento nos permitió determinar qué tanto se había consolidado la ocupación, esto nos referenció que verdaderamente mucha gente no vive ahí, lo que no quiere decir que no tenga necesidad habitacional real. El gobierno está trabajando para resolver la necesidad habitacional de toda la población”, destacó.
El portavoz añadió que “mucha gente va a regresar a su domicilio de origen, pero para los que no puedan hacerlo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad está terminando seis centros de transición, hasta que los lotes disponibles para Presidente Perón estén listos. Son dos cerrados y cuatro abiertos“.
En Guernica permanecen las cinco carpas interministeriales que erigió el Gobierno, donde estableció una Mesa de Diálogo con las familias ocupantes de los terrenos y con las organizaciones sociales que las apoyan para lograr una salida pacífica del lugar.
En la Mesa de Diálogo participan, entre otras organizaciones, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fpds Corriente Nacional-Guernica, Barrios de Pie, Frente de Organización en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Víctor Choque, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Foro por la Niñez.
En un primer censo que se realizó y se entregó al juez de la causa se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían afrontar un alquiler. Medio centenar son mujeres en situación de violencia de género.
Según detalló a Télam el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, “el 80% de las familias ya fueron reubicadas” y las que se fueron firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o les proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas.
A otros se los ayudó en el pago de alquiler, por lo que similar procedimiento se realizará con las familias que todavía quedan en el lugar si aceptan retirarse pacíficamente.
Los terrenos reclamados por sus propietarios -unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo, luego de dos postergaciones solicitadas por el Gobierno provincial, ordenó abordar el desalojo antes del 30 de octubre.
Según la resolución, “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
Además, estableció que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.
Destacó que debía notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente y a los organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, como los encargados de activar protocolos por el coronavirus, y que el desalojo debía hacerse en días de semana.
Añadió que “una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”.
