Una serie de episodios han ido tensando la relación con el Reino Unido en estos últimos once meses. Sobre todo porque, desde que asumió, el Gobierno decidió correr nuevamente
hacia el centro de la agenda nacional el reclamo de soberanía de la Malvinas.
El viernes se vio una buena muestra de ello durante el acto que involucró al presidente Alberto Fernández para conmemorar el bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en las islas.
En el mismo también se puso en marcha el llamado Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas, otra más de las iniciativas que intentará abordar la cuestión Malvinas desde el punto de vista político, científico y académico. Y lanzaron un nuevo sello postal. La elevación de Daniel Filmus otra vez al cargo de secretario del área, más la suba de las multas para los buques que pesquen en las islas forman parte de esta saga.
El frente diplomático lo abrió a su vez el canciller Felipe Solá con la Unión Europea. A mediados de la semana pasada mantuvo una reunión con los embajadores de la UE, a los que les habló de las implicaciones de la cuestión Malvinas en la futura asociación del bloque con el Reino Unido en la era post Brexit. Quiere que se excluya al archipiélago de cualquier privilegio comercial con los británicos. Goza de simpatía entre los españoles e irlandeses, pero no entre todos.
Pero hay diferencias en esta nueva edición del conflicto. Por empezar, el Gobierno no muestra ánimo de recrear el cerco sobre los isleños como el que se mantuvo, entre 2003 y 2015. Tampoco habría disposición regional a acompañar una iniciativa semejante -el Mercosur llegó a prohibir los barcos con bandera kelper en sus puertos- más allá de que la mayoría de los vecinos sí acompaña a la Argentina en su legítimo reclamo.
El último episodio y el que más molestó en el gobierno británico, supo Clarín, tuvo lugar hace unas semanas cuando el ministro de Defensa, Agustín Rossi, tildó de “soberbia imperial” la actitud del Reino Unido.
Rossi se quejó así del embargo militar que impuso Gran Bretaña a la Argentina y por el cual este país se ve impedido de comprar equipamiento en el exterior que tenga componentes británicos. Las palabras llegaron cuando el gobierno informó que una empresa de Corea del Sur no le quiere vender aviones porque tiene partes fabricadas en Reino Unido.
Este embargo, que data de la guerra de 1982, se reforzó en 2012 cuando la ex presidente Cristina Kirchner amenazó con prohibir los vuelos de Latam entre Chile y el archipiélago, con escala en Río Gallegos. En 2018 se aflojó por el acercamiento de Mauricio Macri a Londres, pero ahora estaría otra vez a consideración.
Nadie desde Londres le contestó al ministro, cuya voz, por su cargo en el ministerio de guerra cobra un importancia tal que la diplomacia internacional suele guardar para graves conflictos.
Ello da cuenta de una posible “nueva” estrategia británica: la de no responder a la Argentina -y mostrarle indiferencia- salvo ante cuestiones jurídicas que sientan precedentes jurídicos. En Londres opinan que tienen asuntos “más importantes” de los que ocuparse, como la pandemia y el mismo proceso del Bréxit por el que ese país también estaría dispuesto a firmar acuerdos comerciales con el Mercosur.
Una de esas respuestas llegó recientemente tras la resolución de la OEA en favor del inicio de una negociación sobre el archipiélago como pide la Argentina. Tras la misma, la vicecanciller para Europa y Américas, Wendy Morton, presentó los argumentos de su país rechazando los puntos argentinos. Se trata de un contrapunto permanente.
Otro tanto lo oyó el embajador argentino ante el Reino Unido, Javier Figueroa, de Dominic Raab. El secretario de Relaciones Exteriores británicos hizo saber el malestar de su país a que Argentina incluyera en su nuevo mapa con la plataforma continental ampliada también a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Pero es un reclamo que data de 2009 cuando Argentina presentó su pedido de ampliación ante la Comisión de Límites d de las Naciones Unidas.
Para el caso, los británicos parecen querer reforzar su política de darle a los isleños la autodeterminación que Argentina rechaza. Se vio entre viernes y sábado cuando fue el gobierno de la islas -y no Londres- el que vía comunicado consideró que con su conmemoración de los 200 años del izamiento del pabellón nacional por parte del David Jewett, Argentina hacía su “último intento de torcer la historia a favor de su reclamo”.
Una apuesta que sí es polémica por parte del gobierno se está dando en un terreno algo curioso. Clarín comprobó que desde la Cancillería se ha intentado cercar la actividad del embajador Mark Kent con otros ministerios, y que hace dos meses ya que su sucesor pidió el placet y no se lo dan.
Cuando la ministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta tuiteó su reunión con él por cuestiones ligadas a su cartera recibió retos diplomáticos, la insultaron en Twitter y se vio forzada a colgar otro tuit reclamando las Malvinas. Otra actividad ligada al medioambiente terminó con un comunicado de Cancillería diciendo que se había reclamado por las islas pero eso no se vio en ningún momento durante la charla.
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