Organizaciones civiles proponen sus consensos para una reforma judicial exitosa

de las organizaciones civiles más importantes del país formularon sus propias propuestas, que poco tienen que ver con aquella agenda: apuntan asegurar la independencia del Ministerio Público, cuya cabeza -el Procurador General de la Nación- debe ser elegido con la mayoría agravada del Senado, como es ahora y el kirchnerismo quiere modificar. También piden retomar los equilibrios políticos perdidos en el Consejo de la Magistratura y transparentar los procesos y la difusión del trabajo de fiscalías y tribunales.

Bajo el título de “Consensos y desafíos para la reforma judicial en Argentina”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el CIPPEC redactaron un decálogo con los objetivos que deberían promoverse:

1. Una justicia igualitariamente accesible (que remueva barreras geográficas, económicas, burocráticas, entre otras), confiable, con asesoramiento de abogados suficientes en cantidad y en calidad técnica y ética.

2. Una justicia imparcial, con jueces, fiscales y defensores seleccionados por procedimientos transparentes que aseguren su idoneidad, independencia, perspectiva de género y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Asimismo, autoridades judiciales que rindan cuentas de sus actos y que cuando incumplan sus deberes sean sancionadas mediante procedimientos públicos, transparentes y objetivos. Para ello, es fundamental contar con un Consejo de la Magistratura con la estructura, el equilibrio entre estamentos y la forma de funcionamiento que exige la Constitución, que restrinja al mínimo posible la utilización de subrogancias y traslados, así como cualquier otro mecanismo que incremente la discrecionalidad para cubrir los cargos.

3. Una justicia con procedimientos orales en todos los fueros.

4. Una justicia penal con procesos adversariales, orales y acusatorios en todo el país, que cuente con fiscales a cargo de la política criminal del Estado y con juicios por jurados.

5. Un Ministerio Público que cuente con plena autarquía financiera e independencia funcional del resto de los poderes del Estado, cuyas autoridades sean electas en forma no vitalicia, a través de mayorías agravadas que propendan a la selección de figuras que reúnan consensos amplios.

6. Una justicia que sostenga modelos de organización dinámicos, acordes a los procesos adversariales, e implemente Oficinas Judiciales para garantizar su dedicación plena y sin perturbaciones a las causas que se les presenten.

7. Una justicia que produzca información de calidad y pública sobre su funcionamiento, de forma tal que las definiciones en torno a su estructura y desempeño puedan ser guiadas por evidencia empírica.

8. Una Corte Suprema de Justicia con un número suficientemente acotado de decisiones por año como para generar jurisprudencia consistente a lo largo del tiempo y respetuosa de las aspiraciones de la Constitución. Una Corte transparente, accesible, con audiencias orales para la mayoría de sus resoluciones y decisiones claras.

9. La sanción de una nueva ley de amparo y la regulación legislativa de los procesos colectivos, como herramientas para garantizar el acceso real de la ciudadanía a la justicia.

10. Lograr una Justicia de estas características también requiere que las facultades de derecho capaciten en los conocimientos y las destrezas necesarias, que los colegios de abogados controlen la ética de la profesión y que las y los empleados judiciales estén capacitados y sean diligentes para apoyar el trabajo de las autoridades judiciales.

Muchos de estos acuerdos ya son ley: los nuevos códigos de procedimientos (incluido el procesal penal federal) ya han sido sancionados; otros, como la oralidad en el fuero federal civil y comercial, requieren aún reformas legislativas que confirmen prácticas que se vienen llevando a cabo en enormes sectores de la justicia del país.

El proyecto de ley de organización de la justicia federal recientemente aprobado por el Senado de la Nación no contempla estos acuerdos y dificulta su implementación. Por eso, recomendamos que la creación de nuevos cargos en juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías allí prevista se discuta en conjunto con las reformas aquí expuestas, para no profundizar un modelo de justicia que ha demostrado ser ineficiente.

A su vez, una de esas organizaciones, la ADC, también realizó su propio análisis sobre el proyecto de reforma judicial oficialista, que fue votado en el Senado y sobre el cual destacan varias objeciones: 

“El proyecto actual propone la creación 156 cargos de jueces contra 135 cargos de fiscales y 79 defensores. Esto no se corresponde con la distribución de tareas que estos van a desempeñar en el nuevo código” acusatorio, donde la investigación penal la realizan los fiscales.

“Un cambio posible”, sugiere la ADC, “es la separación entre funciones jurisdiccionales y funciones administrativas, la cual suele materializarse en la creación de Oficinas Judiciales y Colegios de Jueces. Actualmente el juez, además de llevar adelante las funciones propiamente jurisdiccionales, debe encargarse de aspectos administrativos como la programación de audiencias, la convocatoria de testigos, el manejo de legajos y las cuestiones administrativas de los empleados que allí trabajan, entre muchas otras. La implementación de las oficinas judiciales permite que los jueces se concentren de manera exclusiva en su labor jurisdiccional”.

“En cuanto a la independencia del Poder Judicial, el proyecto incluye algunas reformas que apuntan a transparentar los sistemas de designaciones y sorteos de causas. Sin embargo, el sistema de subrogancias previsto para la designación de jueces del nuevo fuero penal federal atenta de forma directa contra este objetivo de imparcialidad”, advierten, y sugieren que el mecanismo de designación de los 23 jueces federales porteños “evidencia problemas constitucionales”.

Los onerosos costos de la reforma son otra barrera que los especialistas de la ADC consideran demasiado alta: “según el presupuesto presentado recientemente por el Consejo de la Magistratura, existen al menos 1098 cargos judiciales que fueron creados en los últimos años y que aún no fueron habilitados para su funcionamiento”, explican. “La enorme cantidad de jueces subrogantes actualmente en funciones y la inacción de los poderes públicos para resolver esta grave deficiencia, son el fiel reflejo del fracaso no sólo del Consejo sino de todo el diseño del sistema de selección de jueces.”

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