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Organismos de Derechos Humanos solicitaron al Congreso de la Nación la rápida sanción del proyecto que busca la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el fin de reducir la mortandad de mujeres y adolescentes.
“Vemos como de absoluta necesidad la pronta sanción de los proyectos en trámite sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo”, señalaron los organismos en un documento en el que recuerdan que la ley es “para evitar muertes” y “sufrimiento” y que se legisla “para el conjunto de la sociedad”.
Remarcaron además la “convicción” de que “el Estado debe legislar para el conjunto de la sociedad, sin inclinarse por favorecer a algún credo o inclinación sectorial” y marcaron la importancia del “Programa de los 1000 días”, que “amplia los derechos de las mujeres y personas gestantes que deseen llevar adelante su embarazo”.
Así, ponderaron que a través de ese programa se les otorgan a las mujeres de sectores vulnerables que llevan adelante su embarazo “prestaciones adicionales tanto económicas como alimentarias” y también “en el cuidado integral de la salud, tanto durante el embarazo como hasta alcanzar tres años de edad” los niños y niñas.
El texto lleva la firma de Taty Almeyda, Vera Jarach, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Comisión por la Memoria, Verdad, y Justicia de Zona Norte.
También firman familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, e Hijos Capital.
En el texto, se recordó que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es “un tema de derechos humanos”, ya que está en juego “el derecho a la salud integral de todas las mujeres y personas gestantes, y el derecho a la integridad física y psíquica de mujeres y niñas víctimas de violación”.
Al mismo tiempo, se señaló la importancia de que se esté tratando hoy esta ley “después de décadas de reclamos postergados del movimiento de mujeres que sufren en sus vidas y en sus cuerpos las consecuencias lesivas y muchas veces mortales de los abortos clandestinos”.
“En lo profundo es el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, pero también es un tema esencial para el derecho a la salud garantizar a quienes no puedan ni deseen llevar adelante el embarazo, su atención en el sistema de salud pública o privado, de manera gratuita y eficaz”, agregaron.
Subrayaron que les preocupan “las situaciones que afrontan las niñas violentadas, obligadas a mantener embarazos forzados, cesáreas riesgosas a temprana edad”.
En ese sentido, puntualizaron “las dilaciones en que incurren numerosos equipos de salud, las amenazas que afrontan aquellos que cumplen con su deber, priorizando la salud de las mujeres y las niñas por encima de los prejuicios y los dogmas”.
“Queremos destacar que las leyes propuestas no obligan a nadie, muy por el contrario, garantizan el derecho a elegir, que no invade ni afecta las creencias personales, todas ellas dignas del mayor respeto y consideración”, dejaron claro.
También señalaron que el “Programa de los 1000 días” “constituye un avance importante en el sentido de ampliar los derechos de las mujeres y personas gestantes que deseen llevar adelante su embarazo otorgándoles prestaciones adicionales tanto económicas como alimentarias y en el cuidado integral de la salud, tanto durante el embarazo como hasta alcanzar tres años de edad de les niñes”.
