El juez Gustavo Hornos es el nuevo presidente de la estratégica Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de la Nación por encima del cual sólo rige la
target=”_blank” alt=”corte-suprema-de-justicia” href=”https://www.clarin.com/tema/corte-suprema-de-justicia.html” target=”_blank” title=”corte-suprema-de-justicia”>Corte Suprema de Justicia. Integrante de la Sala IV de la Cámara, la candidatura de Hornos fue propuesto por su antecesora, la camarista Angela Ledesma, y aprobada por con ocho votos y cuatro abstenciones.
La Casación Federal mantiene así la tradición de renovar su presidencia en forma anual. La propuesta de Ledesma fue votada por los camaristas Mariano Borinsky, Liliana Catucci, Javier Carbajo, Daniel Petrone, Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y el propio Hornos. Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques se abstuvieron.
Como integrante de la Sala IV, el juez Hornos firmó varias sentencias clave en causas por corrupción y además preside el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, por el cual realizó visitas frecuentes a distintos penales federales del país para entrevistarse con autoridades y detenidos.
El flamante presidente agradeció la distinción con que lo honraron sus colegas y destacó la gran responsabilidad que conlleva. Enfatizó que trabajará “para el fortalecimiento de las instituciones y particularmente por el aumento de la confianza en el Poder Judicial.” Además, resaltó “la necesidad de consolidar los avances tecnológicos y seguir en la mejora continua del sistema de Gestión para mejorar el servicio de Justicia, facilitando el acceso con transparencia de los abogados y la sociedad toda y procurando las condiciones para el dictado de más sentencias oportunas y evitar retrasos injustificables.”
Como presidente de la Casación, Hornos también es ahora el último responsable del edificio de la avenida Comodoro Py 2002 donde funciona la justicia federal porteña, y cuyo estado de mantenimiento es crítico.
La carrera del ahora titular del máximo tribunal penal del país en el fuero comenzó en 1984, cuando por concurso fue designado secretario. Una de las causas destacadas en las que trabajó fue la reapertura del proceso por el homicidio del general chileno Carlos Prats y su esposa -asesinados en Buenos Aires en 1974- en el que se identificó e imputó como responsable al agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel. En 2004, el caso llegó a la Corte Suprema, que declaró que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que ratificó la condena.
Posteriormente fue designado fiscal federal, y reemplazó a Luis Moreno Ocampo en la fiscalía ante la Cámara Federal porteña: el tribunal que había juzgado a las Juntas Militares en 1985. Desde ese cargo denunció al comerciante de armas Monzer Al Kassar–condenado en el caso– y coordinó diversos operativos contra el narcotráfico.
Luego, Hornos pasó a integrar la recién creada Cámara de Casación Penal y se sumó a la Sala IV. En sus votos desde ese cargo sentó jurisprudencia en temas como la capacidad del querellante para acusar en juicio, el derecho al a apelación frente a la condena en segunda instancia y la amplitud de la revisión de las decisiones importantes a través del recurso de casación, principios que luego fueron receptados por la Corte.
También firmó las condenas del juez Miguel Trovato y de la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray; la prisión perpetua de varios policías involucrados en casos de torturas; intervino en los casos Cromañón, LAPA (en el que votó por la condena de los principales directivos de la empresa) y la voladura de la ciudad cordobesa de Río Tercero. A fines de 2016, junto a su colega Hernán Borinsky, Hornos también dispuso la apertura de la investigación de la denuncia del Fiscal Nisman presentada días antes de su muerte.
Pero los antecedentes más destacados del camarista se labraron en sus fallos contra la corrupción. Podrían citarse los casos Tandanor -en el que revocó la prescripción y luego aseguró el decomiso más grande de la historia judicial argentina- la causa Oil Combustibles en la que dictó prisiones preventivas; el caso Ciccone, en donde dictó la condena confirmada esta semana por la Corte, y Banco Mayo, en donde en disidencia, votó la condena por el delito de asociación ilícita.
Pero quizás su aporte más valioso a la jurisprudencia en materia penal federal lo haya desarrollado en el famoso caso “IBM-DGI”, en cuyo voto elaboró la tesis jurídica de que los graves casos de corrupción resultan imprescriptibles, puesto que constituyen un atentado contra el orden democrático, en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional.
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