El viernes pasado, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán ordenó la ejecución de la demanda iniciada por organizaciones de la sociedad civil para que el Congreso designe al Defensor del Pueblo
de la Nación, un cargo creado con la reforma constitucional de 1994 y que está vacante desde 2009. El plazo para que los legisladores cumplan con ese fallo vence el 30 de diciembre.
La lucha para nombrar al titular de la Defensoría -vacía desde la renuncia de Eduardo Mondino- viene siendo ejercida por varias organizaciones de la sociedad civil. Según lo prevé la Constitución, el Defensor tiene un rol fundamental en la defensa de los Derechos Humanos y el control de los actos de gobierno, pues entre otras funciones puede pedir informes a los organismos de la administración pública y querellar en la justicia en nombre del interés público: su competencia para hacerlo está autorizada expresamente. Por eso, su acefalía tiene impactos directos en los grupos más vulnerabilizados.
En estos años hubo varios intentos de designar al Defensor, luego de un proceso de candidaturas, audiencias y oposiciones en el Congreso. Pero ninguno de ellos acabó con un nombramiento. Esas dilaciones llevaron el reclamo a la justicia, que en 2016 ordenó concretar de una vez esa designación. Pero ese fallo tampoco se cumplió.
Por eso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), FARN, Poder Ciudadano, INECIP y la Fundación Sur acudieron a los tribunales contencioso administrativos. El viernes, la jueza Ailán les dio la razón y ordenó al Congreso que inicie el proceso para nombrar al Defensor en un plazo máximo de diez días, que vence el 30 de diciembre.
“Esta decisión judicial vuelve a poner en evidencia lo dicho en la sentencia del año 2016, que resaltó que la Defensoría forma parte del sistema de defensa de derechos y control público que prevé la Constitución, y que el Congreso incurre en una omisión inconstitucional”, evaluaron ante Clarín desde el Programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.
“El impacto de la pandemia de Covid-19 profundiza los efectos de la crisis socioeconómica y, por ende, demanda que instituciones como la Defensoría intervengan y actúen ante la vulneración colectiva de sus derechos”, razonan. “Como respuesta a esta intimación judicial, ambas Cámaras del Congreso deberían dar lugar cuanto antes a un proceso de selección que garantice los principios de publicidad, apertura y participación ciudadana para que la persona que resulte seleccionada sea la mejor candidata posible”.
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