LA JUSTICIA PROVINCIAL PROCESÓ A TRES REFERENTES POLÍTICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, ENTRE ELLOS AL ACTUAL VICEINTENDENTE, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y USURPACIÓN DE CARGOS QUE HABRÍAN COMETIDO CUANDO DESPLAZARON A LA ENTONCES VICEINTENDENTA EN 2015.
En caso de quedar firme, el fallo podría llevarlos a juicio oral y suspenderlos en las funciones que actualmente ocupan por haber desplazado del cargo a Nancy González, quien terminó su mandato como viceintendenta de San Carlos en diciembre de 2017.
El procesamiento fue firmado por la jueza de Santo Tomé, Sara Marina Durand, por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de cargos de cuando los tres eran concejales, en 2015; los procesados son: Diego Meabrio, actual viceintendente; Jacinto Beíntez, actual concejal; y Luis Salinas, exconcejal.
La jueza Durand consideró que los tres violaron las normas actuales que indican que la viceintendencia de San Carlos ejerce la presidencia del Concejo Deliberante, por lo que su cargo no podía ser ocupado por un concejal que no fue elegido por el sufragio democrático para ejercer tal función. Los tres procesados habían nombrado entonces a uno de ellos como presidente del cuerpo, y a los otros dos como vice primero y vice segundo, en una autoproclamación que la Justicia ahora entiende que fue ilegal.
Ya en febrero de 2016 el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia le había dado la razón a Nancy González, quien planteó un conflicto de poderes por haber sido ilegalmente desplazada. Ahora, la dirigente afectada continúa la causa en la instancia penal.
“Voy a ir hasta las últimas consecuencias contra estos tres procesados porque la gente elige para que los concejales actúen de acuerdo a la ley y no por fuera de ella. Lo que a mi me hicieron fue un atropello contra la democracia”, indicó Nancy González en contacto con la prensa.
“Se autoproclamaron autoridades del Concejo pasando por encima de lo que la gente votó cuando el pueblo me eligió a mi para ser la viceintendenta y conducir el Concejo. Yo soy de hacer las cosas de acuerdo a lo establece la ley y lo que pide el pueblo. San Carlos es pueblo con muchas necesidades”, expresó González.
En tanto el abogado querellante, Juan Manuel Cubilla Podestá, dijo a la prensa que “los tres procesados podrían terminar en juicio oral y los que ocupan cargos actuales ser separados de sus funciones en caso que la Justicia los condene”.
“La Justicia nos dio la razón porque defendimos lo que la gente eligió para el pueblo de San Carlos y lo que establece la Ley”, agregó el abogado de González.
“El caso es grave porque Salinas y Benítez, en años anteriores, fueron intendentes del Municipio, por lo que actuaron en pleno conocimiento de las normas y cometieron esos delitos por los que la Justicia los procesó”, afirmó el abogado Cubilla Podestá.