El Gobierno nacional dispuso una serie de medidas laborales destinadas a proteger las fuentes de trabajo, asistir a la producción e implementar un ingreso de emergencia para
trabajadores informales, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el pasado 20 marzo con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.
Así, se estableció la prohibición de despidos y suspensiones por fuerza mayor como forma de mitigar los efectos de la pandemia en el mercado laboral y, en consecuencia, evitar el deterioro de la estructura social del país.
Si las empresas tuvieran que realizar suspensiones, se fijó una compensación para los empleados, que es controlada por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consiste en el pago de $10 mil para trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B.
El Gobierno dispuso además para los trabajadores del área de la salud -aproximadamente unas 600 mil personas- el pago de un bono.
Se creó la línea de créditos para empresas, con una tasa preferencial del 24%, destinada a ayudarlas a mantener las unidades productivas y el empleo del sector.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergó el pago de contribuciones patronales y la asistencia, a través de un salario mínimo, para las empresas de hasta 100 empleados.
Para acceder a este beneficio, las empresas deben ingresar sus datos a la página de la AFIP y en función de un procesamiento automático, el organismo les comunica los beneficios a los que pueden acceder.
Por otra parte, se estableció la suspensión de los desalojos en todo el país, el congelamiento de tarifas, y la refinanciación de los pagos de las tarjetas de crédito.
El Ministerio de Trabajo instó a los empleadores a fijar las condiciones para que sus trabajadores cumplan tareas mediante la modalidad de teletrabajo, para lo cual los empleados debieron informar sus domicilios para quedar cubiertos por las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).
Por otro lado, se amplió la cobertura por riesgos de trabajo a aquellas personas afectadas por Covid-19.
