La Cámara Federal de Casación rechazó conceder la excarcelación al ex secretario de Transporte de la Nación en el kirchnerismo, Juan Pablo Schiavi, y también negó el arresto domiciliario
al maquinista Marcos Córdoba, ambos condenados por la tragedia del tren de Once.
Estas decisiones del máximo tribunal penal federal del país se sumaron a lo resuelto sobre el también condenado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en el cargo, a quien el martes se le rechazó la prisión domiciliaria, informaron fuentes judiciales.
En el caso de Schiavi, los camaristas Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci sostuvieron que su pedido de excarcelación es “inadmisible”, y ratificaron así un rechazo previo del Tribunal Oral Federal 2, que tuvo a cargo el juicio por el choque del tren en la estación de Once el 22 de febrero de 2012.
“Como es sabido, la condena impuesta a Juan Pablo Schiavi quedó firme con el rechazo por parte de esta Sala III del recurso extraordinario deducido” por lo cual comenzó a ejecutarse, pese a que resta aún una instancia de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo la resolución a la que accedió Télam.
La persona que se “encuentra privada de la libertad, no lo hace en forma cautelar sino en cumplimiento de pena”, agregó la sentencia sobre la situación de Schiavi, condenado a cinco años y seis meses de prisión por el choque que causó 52 muertos.
En cuanto al maquinista que esa mañana conducía la formación, Marcos Córdoba, los mismos jueces rechazaron otorgarle arresto domiciliario para cuidar a su hija de dos años mientras su madre, que es guardabarrera, sale a trabajar.
Los camaristas consideraron que la nena es adecuadamente cuidada por sus abuelos y entorno familiar.
En cuanto a otro planteo de su defensa, la emergencia sanitaria por el Covid-19, los jueces remarcaron que Córdoba no está incluído en listados de grupos de riesgo.
La defensa del maquinista que cumple una pena de tres años y tres meses de prisión había argumentado que a raíz de la suspensión de visitas en los penales por la pandemia, las consecuencias de la ausencia del padre “repercuten con mayor intensidad en la niña, ya que el contacto telefónico en una pequeña de apenas dos años es prácticamente nulo”.
Al rechazar concederle el beneficio, el Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la suspensión de visitas de familiares se da en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y “una vez que cese dicha medida, se podrán retomar las visitas carcelarias a fin de continuar con la relación paterno-filial”.
Ese argumento quedó ahora ratificado en la decisión de la instancia de apelación superior, la Cámara Federal de Casación.
