Exactamente, nueve días lleva Ricardo Jaime de huelga de hambre en el Penal de Ezeiza y el Tribunal ordenó que se controle su situación. Fuentes judiciales indicaron que permanece estable. El
ex funcionario kirchnerista esperaba que tras la presentación del Gobierno, a través de la secretaría de Derechos Humanos pidiendo por su arresto domiciliario, podría lograr dejar la cárcel donde está hace cuatro años. La Cámara de Casación rechazó concederle dicho beneficio, le recordó al área de Horacio Pietragalla, que Jaime está condenado por corrupción contra el Estado y criticó jurídicamente, la intervención del área que depende del ministerio de Justicia.
En reiterados escritos e instancias, la defensa de Ricardo Jaime pidió por su excarcelación y en su defecto, una morigeración de su arresto, es decir que pueda cumplirlo en su domicilio. Todo fue rechazado en diversas oportunidades. Al reclamo se plegó la semana pasada el Gobierno a través de la secretaría de Derechos Humanos, considerando que el ex funcionario K debía dejar el Penitenciario ya que de persistir “su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad”.
La respuesta del Máximo Tribunal Penal, fue contundente al señalar: “no se alcanza a comprender cuáles son los derechos que se le estarían conculcando a Ricardo Jaime y que podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado Argentino” y recordaron al Gobierno que el hecho de que Jaime deba cursar el encierro “propio de la ejecución de una pena privativa de la libertad, no implica que se le esté cercenando derecho alguno, sino el cumplimiento de una sentencia condenatoria realizadora del poder punitivo del estado”.
En ese punto, la Casación recordó al Gobierno que Ricardo Jaime “se encuentra condenado por hechos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos respecto de los cuales el Estado Argentino ha suscripto instrumentos internacionales para investigarlos, erradicarlos y combatirlos”.
El planteo de la secretaría de Derechos Humanos, que depende del ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo, se realizó el martes pasado cuando Jaime ante un nuevo rechazo por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que lo condenó por la Tragedia de Once, inició una huelga de hambre.
Ricardo Jaime sostuvo al iniciar su reclamo que quería un tratamiento veloz en su pedido y que la Justicia lo envíe a su casa para cumplir con su condena. En su celda, en el Pabellón 6 el ex funcionario permanece hace nueve días sin realizar actividad.
Desde que su reclamo inició, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aplicó el protocolo para huelgas de hambre. Jaime no es el único en esta situación. Reclamando el beneficio de la prisión domiciliaria hay más de una veintena de internos en la misma condición.
Cada día el cuerpo médico revisa la salud del ex funcionario K y de los demás internos. Hasta la fecha, pese a la resistencia a ingerir alimentos, la salud de Jaime “se encuentra estable“, se informó al TOF 2. En caso de empeorar, el SPF informa al juzgado que lo tiene a cargo e inician un procedimiento de alimentación forzosa vía suero.
La medida inició utilizando dos argumentos centrales, que replicó el Gobierno. En primer lugar que con 64 años, integra la lista de presos de riesgo que confeccionó el SPF además por sus enfermades preexistentes: sufre un cuadro de hipertensión arterial. Por otro lado, se refirió a una medida de la Casación que sugirió a los jueces federales a conceder arresto domiciliario a casos de delitos leves y con situación de riesgo. Además, manifestó correr riesgo de contraer coronavirus permaneciendo detenido. Todo fue desechado por la Casación.
Más de una semana lleva Jaime sin comer. Es monitoreado de forma permanente y en tal contexto el Máximo Tribunal Penal recomendó al SPF profundizar los controles médicos y los resguardos sanitarios sobre el ex funcionario K. Los informes médicos se remiten al TOF 2 que lo tiene a disposición, que además pidió que se controle de cerca la situación.
Como parte del programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), el ex secretario de Transporte del kirchnerismo permanece hace cuatro años en un pabellón especial en Ezeiza. Ingresó detenido por enriquecimiento ilícito pero previo a ello ante un Tribunal ya había admitido haber cobrado dádivas de las empresas que debía controlar.
Su situación empeoró cuando el TOF 2 lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta, al confirmar su condena, la Casación le aumentó la pena por acusarlo también de dádivas y sustracción de documentos. Así, se determinó que debe cumplir ocho años de prisión.
El escenario judicial sumó un juicio donde se acumularon cinco acusación en su contra por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, dádivas, entre otros delitos. El mismo se encontraba en pleno desarrollo hasta que la actividad judicial se vio afectada por la cuarentena en medio de la pandemia del COVID19.
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