Pasaron cuatro años desde que entró a prisión, pero siete desde que se abrió la primera investigación en su contra por lavado de dinero. La “ruta del dinero K” es la causa
por la que está siendo juzgado desde octubre de 2018 y ahora, en medio de la pandemia por el coronavirus, el juez Sebastián Casanello mandó a juicio al empresario K y a Leonardo Fariña por la compra de un campo relacionada a las operaciones de lavado de la principal acusación. Hace unos meses, ya habían enviado otro caso por el mismo delito. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que, con los juicios en suspenso por la feria extraordinaria, no será sino hasta el año que viene que estos dos nuevos juzgamientos comiencen.
El patrimonio de 205 millones de dólares que la Justicia contabilizó a nombre de Lázaro Báez, su familia y el conglomerado de 14 empresas encabezadas por Austral Construcciones, está cautelado: embargos, inhibiciones, intervenciones. Nada está bajo el poder de administración del contratista K. Y sobre él pesan embargos por encima de los 700 millones de dólares.
Lázaro Báez tiene siete causas en su contra elevadas a juicio oral en la justicia federal. Tres de esos expedientes los comparte con Cristina Kirchner. El de mayor envergadura es el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Pero las demás acusaciones coinciden en un mismo delito: lavado de dinero.
Para la Justicia, el empresario K “integró una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad” y el “atesoramiento de fondos en Suiza”, no sólo por la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
Esta estructura de blanqueo, que en tres años habría movido 60 millones de dólares, tiene como investigación “madre” a la conocida como “la ruta del dinero K”. Pero de la misma se desprenden dos circuitos más de maniobras, que le valieron procesamientos, nuevos embargos y, en una de ellas, continuar en prisión.
El 17 de diciembre de 2019, el juez Casanello envió a Lázaro Báez a juicio junto a dos de sus hijos, Luciana y Martín (este último también preso) en una causa donde se investigó el movimiento de sumas millonarias realizadas a través de la firma M&P, con Austral Construcciones y otra serie de sociedades que habrían oficiado de cuevas financieras en medio de los embargos millonarios que tenían ordenados.
La justicia detectó la transferencia de sumas millonarias en concepto de “venta de asfalto” a Austral Construcciones, empresa insignia de Báez por parte de M&P, cuyas principales autoridades son los hijos mayores del contratista K. Se analizaron un centenar de cheques por más de 9 millones de pesos.
Es por este expediente que Lázaro y Martín Báez continúan presos. La causa quedó radicada en el TOF 4, por ser el que lleva adelante el juicio por “la ruta del dinero K”.
Esta semana, Casanello dio por clausurada otra investigación conexa a la principal. La acusación es la misma: lavado de dinero. Pero en este caso por la compra de un campo en Uruguay por 14 millones de dólares. En dicho expediente también fue acusado Leonardo Fariña, que declaró como imputado colaborador.
Según la acusación, el dueño de “Austral Construcciones”, en su carácter de “propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”.
El tramo relativo al campo Entrevero, cercano a la localidad uruguaya de José Ignacio, quedó en una investigación separada y será motivo de otro debate oral.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que, hasta tanto no concluya “la ruta del dinero K, los otros dos procesos no comenzarán.
Pero la emergencia por el coronavirus que dejó en suspenso todos los juicios orales. La “ruta del dinero” se encontraba en etapa de alegatos y se estimaba su finalización para este mes. La feria extraordinaria decretada por la pandemia modificó el calendario judicial y nadie da certezas respeto a cómo ni cuándo se reiniciarán las audiencias. En tribunales calculan que todo quedará para 2021.
En este caso, al estar en etapa de alegatos se obliga a los acusados a estar presentes en las audiencias, y como se trata de una causa con 26 imputados, a quienes habría que sumar a los abogados y querellas, es peligroso reunirlos bajo la amenaza de contagio. “Debe considerarse que además hay muchas personas que son parte del grupo de riesgo”, explicaron a Clarín.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner seguirá preso en Ezeiza.
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