La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reiteró este miércoles su rechazo a las liberaciones de presos, acusados o condenados por delitos sexuales y violencia de
género, y pidió a la Justicia que intervenga para evitar la “revictimización psíquica y física de las personas agredidas”.
“Desde el comienzo de la emergencia sanitaria manifestamos nuestra preocupación por el posible aumento de la violencia de género y el vencimiento de medidas como las restricciones de acercamiento, a lo que se suman ahora las libertades de acusados y condenados por delitos contra la integridad sexual y violencia de género”, dijo a Télam la ministra.
Al respecto, añadió que en los últimos días la cartera a su cargo tomó conocimiento de “por ejemplo, casos de liberación de acusados de violación, que podrían retornar a las cercanías de sus víctimas”.
La funcionaria recordó que esos riesgos habían sido advertidos por el Ministerio de Mujeres a los tribunales superiores de Justicia de diversas jurisdicciones y, en ese sentido, dijo que “como el Poder Ejecutivo nacional no puede intervenir en estas causas, o en las causas que pertenecen al fuero ordinario, los fiscales tienen la facultad de oponerse y apelar las resoluciones” que disponen esas liberaciones.
“Por eso, y teniendo en cuenta la independencia de los poderes, y el carácter federal del sistema, pedimos al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal que intervengan para evitar situaciones que pueden derivar en la revictimización de las mujeres, tanto en el aspecto psíquico cómo físico”, dijo a esta agencia Gómez Alcorta.
También resaltó que las víctimas tuvieron que “atravesar una dura situación durante los procesos para lograr que la detención y la condena de sus agresores”.
La funcionaria insistió, entonces, en el rechazo del área a su cargo de que tanto “los acusados y condenados por violación como también por violencia de género reciban los beneficios del arresto domiciliario o la excarcelación.
Gómez Alcorta recordó que a principios de este mes el Ministerio de Justicia bonaerense informó a su cartera que las eventuales liberaciones podrían ser consideradas para delitos menores o con penas bajas y, especialmente, en los que “no hubiera mediado violencia”.
