La ONG Usina de Justicia solicitó este lunes el juicio político del juez de la Cámara de Casación Penal Víctor Violini, quien hizo lugar a un habeas
corpus colectivo que permitió los arrestos domiciliarios de presos bonaerenses en el marco del coronavirus.
En el escrito, con firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, se afirma que el “temerario obrar del juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal”.
El 17 de abril pasado, Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.
En ese fallo, el juez dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio eran los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque sin precisar los delitos a los que hacía referencia.
La presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento dice que “Violini ha lesionado un adecuado servicio de justicia al ‘saltar’ por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno”.
También remarca que “la acción de habeas corpus colectivo no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal”.
Y se destaca que “de no ser Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional”.
“Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal”, se añade.
Violini consideró que el pedido de jury “es absolutamente político” y que “es un disparate alarmar a la población” con noticias que indicaban que por esa decisión “se liberaron a 2.300 presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires”.
El juez dijo a Radio con Vos que hay “algunos medios y algunos políticos que se aprovechan” y el pedido “es un poco en conjunto” de esas dos partes.
“En 30 años nunca tuve un pedido de juicio político”, aseguró, y consideró que “el pedido de juicio político es absolutamente político, valga la redundancia”. Apuntó al abogado Soto, a quien calificó como “un personaje oscuro, que trabajó con Patricia Bullrich a la par con todo lo de la doctrina Chocobar”
Violini calificó de “disparate” las afirmaciones de que liberó a “más de 2.300” asesinos y violadores. “Alarma a la población, es un disparate, una porquería, un invento inmundo. Me imputan, inventan cosas y le quieren pegar al gobierno provincial y al nacional”, dijo.
La Suprema Corte bonaerense revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo aceptado por Violini, y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, bajo una serie de parámetros que fijó en su fallo.
El juez consideró “bien que la Suprema Corte haya reencauzado el hábeas corpus, el fallo no dice que no habrán prisiones domiciliarias”, y precisó que en el recurso que concedió “decimos que la morigeración no debe otorgarse en delitos graves”.
