derechos laborales ante el pretexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y ratificó el quite de colaboración, el trabajo a reglamento y la retención de servicios.
Un comunicado gremial aseguró que esas decisiones son “arteras y cobardes” y sostuvo que “la grave pandemia que azota a la Argentina impide al sindicato la convocatoria a medidas de fuerza” que “llegarán”, pero advirtió sobre acciones legales y administrativas.
Los reclamos y el repudio fueron dirigidos en una carta al presidente del Concejo Deliberante de Córdoba, Daniel Passerini, informó el gremio.
El Suoem explicó que hay proyecto de Ordenanza oficial para garantizar “la sostenibilidad de los recursos municipales para afianzar servicios esenciales” y adoptar medidas de “reestructuración” que tengan “el menor impacto en la administración” y otras precisiones ante “los procesos judiciales contra la comuna”.
Según el gremio, la municipalidad provincial dispuso “la inembargabilidad de los fondos públicos” y solicitó a los ediles la aprobación del proyecto que sobre la reorganización administrativa dispone “un aporte voluntario de los funcionarios” y “una reducción de salarios y adicionales por jerarquización de las autoridades y personal superior jerárquico”. Añadió que se estableció una jornada laboral de 6 horas equivalente a 30 semanales, lo que significará, alertó, “una importante reducción proporcional del salario básico del cargo y de los adicionales”.
Además, dijo el gremio, la iniciativa comunal contempla que el personal de categorías superiores (03) realizará 7 horas diarias o 35 semanales -pasibles de ser reducidas a 30- lo que importará “una significativa baja proporcional del ingreso básico”, afirmó.
Y que los pronunciamientos judiciales contra el municipio o entes y organismos que condenen al pago de dinero “serán satisfechos en el contexto de las autorizaciones de partidas anuales para realizar respectivos gastos” o “se incluirán en el ejercicio siguiente”.
Además, el gremio repudió la facultad a la comuna a reestructurar al personal de planta permanente y no permanente para racionalizar “las estructuras, suprimiendo o congelando cargos conforme a las necesidades del servicio, y a limitar los interinatos vigentes”.
