En respuesta al pedido del fiscal Diego Velasco, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) habilitó la feria judicial para poder “avanzar en los casos Los Sauces y Hotesur y que
se dé inicio a las pericias solicitadas”. En este juicio se investiga a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero. En vistas de este juicio, la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a su querella hace diez días.
Durante dos meses, las causas Hotesur y Los Sauces no tuvieron ningún movimiento. Sin la OA como querellante en estas dos causas donde se investigaron los negocios familiares de los Kirchner, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se retomen los trabajos para “avanzar hacia el juicio oral” contra la vicepresidenta, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros.
Ante la prolongación de la feria extraordinaria en el marco de la emergencia del Covid19, el TOF 5 decidió hacer lugar al pedido de Velasco y habilitó la feria para avanzar en estos expedientes “con las limitaciones que la cuestión sanitaria a todos nos impone”.
Con el inicio de la cuarentena dispuesta por Alberto Fernández la Justicia permanece en feria extraordinaria, y algunas etapas previas a fijar fecha para el inicio del juicio quedaron sin avances. Como contó Clarín, el TOF 5 hizo lugar a un pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, para que en Hotesur se realice una pericia contable sobre los contratos celebrados por esa firma dueña del hotel Alto Calafate. Ya se había iniciado un medida similar en Los Sauces, analizando todos los contratos de locación.
Sin las conclusiones de los especialistas, el TOF 5 no fijará fecha para comenzar las audiencias. Es por ello que el fiscal Velasco requirió que se habilite la fiera judicial para avanzar con el caso.
En el escrito presentado ante el Tribunal, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que es necesario retomar la actividad para “hacer la instrucción suplementaria, que se continúe con la pericia de Los Sauces y se comience con la de Hotesur, que se digitalice toda la causa y la documentación de la misma”.
Para los peritos es indispensable contar toda la prueba colectada en el expediente, pero al no poder reunirse ni poder tener acceso a la documentación que se encuentra en los contenedores ubicados afuera de Comodoro Py y parte en una habitación del Edificio Libertad, se pidió que todo se pase al formato digital “para que los peritos puedan trabajar”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En tal sentido, se sugirió que los peritos se “reúnan virtualmente para realizar los informes y que la pericia no quede estancada”, y así terminar con el trabajo requerido. El TOF 5 ordenó que asuman los peritos que no habían aceptado y dio instrucciones sobre cómo avanzar en dicha tarea, liberando oficios a diferentes organismos para contar con toda la información.
Por otro lado, el fiscal había advertido que es necesario que se habilite la feria para “requerir todos los informes que se necesitan para avanzar en las pericias, sean registros contables de las empresas, pedidos de informes a diferentes organismos y todo tipo de documentación que son necesarias para avanzar hacia el juicio oral”.
En uno de los párrafos finales del pedido ante el TOF 5, Velasco había sostenido: “Que se haga todo aquello que pueda realizarse de la instrucción suplementaria para adelantar y llegar lo más rápido posible al juicio”, que contará con 160 testigos según aceptó el Tribunal que preside el juez Daniel Obligado, el mismo que le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou en medio de la pandemia del Covid19.
En estos expedientes que tendrán un juicio unificado, el delito que se habría cometido, según la acusación, tuvo un mismo modus operandi: “los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner beneficiaban a los empresarios K con negocios públicos y estos presuntamente les hacían retornos indebidos y millonarios a través de alquileres de viviendas (Los Sauces) o la contratación de habitaciones de hoteles (Hotesur)”, sostuvieron los fiscales durante la instrucción.
Los Sauces y Hotesur, dedicadas a la locación de inmuebles -en el segundo caso exclusivamente de hoteles- fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.
Asimismo, estos dos expedientes quedaron vinculados a la defraudación en la obra pública a favor de Lázaro Báez. La Cámara federal porteña indicó que la corrupción en dicho expediente es el delito precedente de las investigaciones por lavado de activos, es decir, que una porción del dinero que el empresario K percibió por parte del Estado, se derivó a los alquileres de las empresas de los Kirchner y finalmente, al patrimonio de los ex presidentes.
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