La Argentina es el país de Latinoamérica que mayor cantidad de medidas de protección social y laboral adoptó para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus
en la economía y en sus habitantes, de acuerdo con un análisis publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Según el reporte, la Argentina figura a la cabeza de la región con 13 medidas contabilizadas, más del doble que la mayoría del resto de los 12 países tomados como ejemplos, que son Jamaica, con 8; Costa Rica, 7; Barbados y Guatemala, 6; El Salvador, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago, 5; Chile 4; y Paraguay, Perú y Panamá, 3.
El estudio destacó “la expansión vertical de los programas de asistencia social”, y agregó que estos atienden a “beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, personas que reciben la asignación universal por hijo (AUH) y las mujeres que reciben la asignación universal por embarazo (AUE)”.
Además, señaló que “se ha creado un nuevo cupón de ingresos familiares de emergencia, el que consiste en un pago único a las familias de trabajadores informales”, y puso de relieve “la ampliación horizontal en entrega de alimentos a través de la tarjeta de AUH”.
También subrayó “el control de precios en los productos de la canasta básica, la entrega de alimentos en los establecimientos escolares, la exención de pago en alquileres hasta setiembre, así como del pago de los servicios básicos, como agua, luz, gas, internet y televisión”.
Hizo énfasis en que “se prohíben los desalojos”, y remarcó que se tomaron “medidas de seguridad social como licencias médicas para todas aquellas personas que sean factores de riesgo, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, y también para personas con hijos dependientes”.
Además, indicó que hubo “aumento vertical en el pago de pensiones, seguros de desempleo y exención de pagos contributivos para empresas”.
Asimismo, señaló que en el mercado laboral se otorgaron “subsidios para las empresas de hasta 100 trabajadores”, medida tomada por el Gobierno a principios de abril, que antecedió al definitivo beneficio de Salario Complementario que actualmente contempla a todas las compañías que hayan visto afectados sus ingresos.
En términos generales, el informe indicó que “conforme ha progresado la pandemia, los gobiernos han tenido que enfrentar nuevos desafíos” y señaló que “si en una primera etapa los países se abocaron a mitigar los efectos de las estrictas restricciones sanitarias, con el correr de las semanas su atención se ha desplazado a una amenaza especialmente grave: la crisis económica y social”.
Destacó que “los pronósticos, desafortunadamente, no son alentadores”, y consideró que “los recursos tienen que ser destinados a los principales afectados por esta crisis, la población vulnerable”.
Precisó que se trata de “las personas sin fuentes de ingreso, como desempleados, ancianos, niños, niñas y dependientes”, y añadió que esto también incluye a “trabajadores informales, grupo compuesto principalmente por jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas”.
Sostuvo que “las medidas de protección social tienen un doble rol en el contexto del coronavirus, que son mitigar el impacto económico inmediato y reconstruir los medios de vida de los más vulnerables”.
Según la Cepal, “al 27 de mayo el 67% de los países de la región han implementado medidas de protección social, de las cuales la mayoría corresponden a transferencias monetarias, implementadas en 61%, es decir, en 20 de ellos”.
Además, puntualizó que “trece países han implementado medidas de transferencias de alimentos o en especies”, y añadió que “otros siete países aplicaron medidas de garantías en servicios básicos”.
