Los gremios que integran el espacio “Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo” respaldaron ante el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker, la “intervención y
expropiación de la cerealera Vicentin” y condenaron y repudiaron sus “reiteradas estafas”, aseguraron dirigentes estatales y de la CTAA.
Lo informaron los sindicalistas de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lidera el visitador médico Ricardo Peidro, y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Hugo Godoy.
Un documento del sector aseguró que Hecker valoró el acompañamiento sindical y dijo que la situación de Vicentin no representa “un ataque a la propiedad privada sino la recuperación de una empresa muy importante” para el país.
Los dirigentes de las organizaciones que suscribieron el “Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo” se reunieron de forma presencial con el funcionario para respaldar “la estrategia oficial de recuperación de Vicentin” y reclamaron “el cobro de la totalidad de los créditos otorgados a la firma por el macrismo”.
El espacio, que también integran dirigentes sociales, empresariales y políticos, realzó “la importancia simbólica y concreta que reviste para los variados sectores del campo popular la intervención y expropiación de la firma cerealera”.
“La cúpula de la entidad pública bancaria ofreció información respecto de la investigación interna y la causa judicial y valoró el apoyo”, subrayaron los gremios.
En el encuentro participaron, además de Peidro y Godoy, otros dirigentes estatales y de la CTAA, de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, de la Federación de Inquilinos, del Movimiento de Empresas Recuperadas, del Consejo Productivo Nacional Pyme, de la UTEP, la CTEP y de los gráficos.
Godoy respaldó la posibilidad de intervención y expropiación y la presentación del Banco de la Nación Argentina como querellante en la causa por “la estafa infringida al pueblo por parte de esos empresarios y los funcionarios macristas”.
Claudio Lozano, integrante del directorio de la entidad financiera y artífice de la investigación, advirtió que “la batalla por Vicentin recién se inicia, ya que el juzgado confrontó la decisión del presidente Alberto Fernández y también la decisión del gobierno santafesino y el propio pedido de intervención del Nación”.
Hecker explicó que el objetivo es cobrar lo que Vicentin adeuda a la institución financiera para poder ofrecer más créditos a las pequeñas y medianas empresas, y añadió que la agroexportadora es “un caso testigo” de “una estafa que además afectó la propiedad privada de otros productores, de cooperativas y a los fondos públicos cuando dejó de abonar sus obligaciones, y ello fue entonces permitido”.
“No está mal prestar a grandes empresas, pero es malo prestar tanto a los grupos concentrados. Porque ese dinero debería destinarse a la ayuda de las micro y pequeñas firmas. En solo tres meses el Nación otorgó préstamos solo a las Pymes por un monto mayor a lo que adeuda Vicentin (más de 18 mil millones de pesos), pero es importante recuperar ese dinero para reforzar esas líneas”, afirmó.
Peidró destacó que existe “una pelea de fondo con los sectores del poder concentrado, por lo que se vive una sensación de triunfo con este tema”.
