El titular de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), Jonatan Doino, aseguró hoy que el gobierno del ex presidente Muricio Macri provocó
“un retroceso de 20 años”, al explicar “la compleja realidad aerocomercial del país y los problemas de seguridad en la actividad”, que “se agravaron con la pandemia de coronavirus y esa herencia”.
“La parálisis por la pandemia de coronavirus se agravó por la pesada herencia legada por el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por lo que para pensar en el día después es necesario comenzar ahora. El 90% de los vuelos están parados y la mayoría de los aeropuertos cerrados”, puntualizó.
El dirigente de los controladores aéreos añadió en un comunicado que el gobierno de Macri “destruyó” en cuatro años la actividad y el país, porque hubo 12 años previos en los que se produjeron “avances permanentes en la aviación a partir de la reestatización de Aerolíneas Argentinas”.
“Los tripulantes pasaron del ámbito militar al civil, firmaron un convenio colectivo de trabajo y se sindicalizaron. En cuatro años se retrocedió dos décadas”, dijo.
Doino aseguró que Dietrich produjo “una libre apertura de las rutas aéreas, con ausencia total de regulación y gestión, lo que generó competencia desleal” y, su política, “no protegió de ninguna manera a la industria aerocomercial nacional”.
También sostuvo que el aeropuerto de El Palomar era “el preferido de Dietrich, pero arriesgaba la seguridad de toda el área metropolitana”, en un contexto ya denunciado por la Atepsa y profundizado con “la tan promocionada ‘Revolución de los Aviones’ y el retiro del Estado durante el macrismo”.
“Cambiemos procuró implementar El Palomar y ello puso en riesgo el 70% del tránsito aéreo del país. El aeroparque porteño tiene 9 frecuencias operativas, pero 8 con interferencias. Desde los años ’50 hay problemas con los radares. Falta personal en todos los aeropuertos del país”, aseguró el dirigente.
Para Doino, “lo que ocurre hoy es consecuencia de una política muy mal aplicada durante cuatro años, que solo priorizó los intereses privados de grupos económicos”.
Aseveró que la decisión de Latam Argentina de retirarse del país fue “una jugada de la multinacional para flexibilizar las condiciones laborales del personal”, pues fue “una empresa antisindicatos, antitrabajadores, anticonvenios colectivos y, ahora, pretende permanecer en la Argentina sin respetar las herramientas convencionales”.
“Se aprovecha de una situación sanitaria de forma perversa para imponer las formas de trabajo. Lejos de la demonización sindical que procura imponer en la opinión pública, los gremios quieren más empresas para que compitan, pero con personal convencionado, aeronaves con matrículas argentinas y técnicos del país”, puntualizó el sindicalista que integra el bloque de entidades aeronáuticas.
Doino aseguró que los controladores aéreos integran un servicio público esencial (pertenecen a una Sociedad del Estado), por lo que tienen estabilidad laboral, pero señaló que “el problema se produce cuando se ingresa a la automatización o a un trabajo remoto, porque puede pensarse en sustituir tecnología por mano de obra y, por un tema sanitario, no puede perderse una parte de la industria”.
