El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Alberto Abad por una denuncia de Fabián De Sousa

del ex titular de la AFIP durante el gobierno de Macri, Alberto Abad. La denuncia sostenía que desde el ente recaudador se cometían actos de hostigamiento para “ahogar” a las empresas del Grupo Indalo. En tanto, los empresarios son juzgados por presunta defraudación al Estado al no haber pagado al fisco 8.000 millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. 

Mientras la AFIP de la anterior gestión denunció a los dueños del Grupo Indalo por no haber tributado ese impuesto a través de la petrolera Oil Combustibles, De Sousa y López sostienen que fue el fisco dirigido por Abad el que los condujo a la crisis financiera que devino en la quiebra de la compañía. El organismo recaudador sostuvo en su denuncia que mientras no pagaban el ITC acogiéndose de forma constante planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP administrada por Ricardo Echegaray durante el último gobierno de Cristina Kirchner, ampliaron su conglomerado de medios.

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En este contrapunto, Fabián De Sousa formuló una denuncia en Comodoro Py el año pasado, señalando que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la gestión anterior hubo “actos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto al mencionado grupo empresario, como al patrimonio nacional”.

La causa, que habla de una presunta asociación ilícita, está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene delegada la investigación y en dicho contexto solicitó la indagatoria de Alberto Abad.

En su dictamen, Marijuan sostuvo que los elementos recabados hasta el momento en la investigación “conforman un cuadro de sospecha sobre el actuar de quien fuera el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el período involucrado, contador Alberto Abad, quien, valiéndose de la autoridad estatal con que se encontraba investido habría adoptado una medida particular en miras a perjudicar a Oil Combustibles, contrariando las pautas establecidas en la ley”.

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El fiscal indicó que el 3 de noviembre de 2016 Abad dictó la Disposición 395/16, por la cual instruyó a la Subdirección General de Recaudación de la AFIP para que no permitiera la adhesión de Oil Combustibles al régimen general previsto en la ley 27.260, “cuando hubiese correspondido legalmente que se admitiera a dicha compañía para el ingreso al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones establecido en el título II de la norma”.

Entre otros aspectos, el fiscal del caso indicó que “contrariando la ley regulatoria sobre el tema, Abad dispuso por Decisión Administrativa que fuera impedido a Oil acogerse al régimen de regularización tributaria previsto en la ley 27.260, cuando no se daban en ese momento ninguno de los casos previstos legalmente para la exclusión de dicha compañía”.

La fiscalía determinó que las explicaciones las debe dar el ex titular del fisco en el marco de la indagatoria que requirió ante la magistrada. Desde el entorno de Abad indicaron todo lo realizado, “fue en actuación como Administrador Federal de Ingresos Públicos, llevada a cabo en cumplimiento de sus deberes legales específicos para tratar de impedir o mitigar perjuicios causados al Fisco Nacional por Oil Combustibles, al retener y usar indebidamente el Impuesto a los combustibles que recibía de los consumidores y debía ingresar inmediatamente al erario nacional”.