El Ministerio Público Fiscal impulsa el inicio del juicio oral y público de la causa de lesa humanidad “Chavanne-Industrias Grassi”, un caso emblemático de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, cuyo debate debía comenzar este año, pero se encuentra suspendido en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
En este juicio, que estaba programado para marzo, están acusados dos civiles: el ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y el ex miembro de la SIDE y agente parapolicial Raúl Guglielminetti, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.
“Estamos probando diversos mecanismos para ver si podemos iniciar el debate a distancia. Esta es una causa que tiene más de 40 años y con una instrucción que comenzó hace más de ocho años. Estamos tratando de que el juicio comience cuanto antes”, señaló a Télam el fiscal federal Alejandro Alagia.
En esta causa, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 5, se investigan los hechos delictivos cometidos por agentes económicos y políticos de la dictadura que intervinieron en la venta del Banco de Hurlingham, propiedad del empresario David Graiver, contra el grupo conformado por las empresas Chavanne y las industrias siderúrgicas Grassi, en 1978.
Un mes después de haberse conformado la sociedad para la adquisición de este banco, la CNV adujo haber recibido una denuncia anónima en relación al origen de los fondos con los cuales se costearía la operación.
Etchebarne (que en la actualidad tiene más de 80 años), como director de la CNV -un organismo encargado de supervisar a nombre del Estado las operaciones de venta y adquisiciones en el mercado de valores y finanzas- dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central.
El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de “subversión económica” desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.
Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne.
Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.
Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien determinó en 2013 los procesamientos de Etchebarne, Guglielminetti, además del coronel (RE) Francisco Obdulio D’Alessandri y el ex comandante de Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei, quienes murieron antes de que la causa se elevara a juicio oral.
Las víctimas estuvieron un mes cautivas en calabozos de Campo de Mayo hasta que fueron “blanqueadas” e incluso algunas permanecieron en prisión hasta 1980, mientras eran despojadas de sus bienes y empresas.
“Esta es una causa en la que se comprueba la existencia de un mecanismo de apropiación de empresas que buscaba concentrar la economía con el despojo del capital. Fue un ataque de la dictadura contra la burguesía nacional”, sostuvo Alagia.
El origen de esta investigación se remonta a 2011, durante la gestión de Alejandro Vanoli en la CNV, cuando el abogado Pedro Biscay encontró actas en el organismo de la época de la dictadura en un CD, donde se daba cuenta de las actuaciones de la entidad en la operatoria del Banco Hurlingham.
Se conformó entonces en la CNV un equipo de investigación interdisciplinario formado por Celeste Perosino, Walter Bosisio y Bruno Nápoli, que analizó esta causa y otras de complicidad empresaria con el terrorismo de Estado que se plasmaron en el libro “La Dictadura del Capital Financiero”, en cual se documentó la trama bursátil que hubo tras el golpe del Estado del 24 de marzo de 1976.
Ese grupo de trabajo fue desmantelado durante la gestión de Cambiemos en la Comisión Nacional de Valores.
“Investigar la complicidad empresaria que hubo con la dictadura es la asignatura pendiente que tienen los juicios de lesa humanidad. Esperamos poder empezar cuanto antes por la vía remota o por medios electrónicos como se hace en otros juicios”, subrayó Alagia.
