La agrupación Memoria Activa realizó un acto en redes sociales por el 26° aniversario del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, en el que exigió “justicia” y advirtió que “desde las esferas más altas” del gobierno de Mauricio Macri “se procuró, de cualquier modo, salvar a sus amigos de la condena que merecen”.
En un documento leído por Diana Wassner, la agrupación que nuclea a familiares de las víctimas del ataque a la AMIA apuntó a la exvicepresidenta Gabriela Michetti por reprochar al entonces titular de la Unidad de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, porque “le había ido mal” en una indagatoria al exfiscal José Barbaccia, acusado por encubrimiento del hecho.
“`No estás actuando como nos dijiste.¿Me podés explicar?’, fueron las palabras de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti al entonces titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla”, según sostuvo el documento.
“Desde las esferas más altas del gobierno de Macri se procuró, de cualquier modo, salvar a sus amigos de la condena que merecen”, advirtió Memoria Activa en el documento leído tras la emisión de un video durante un acto transmitido por videoconferencia en fuención de las limitaciones impuestas por aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
“Además de la larga lista de funcionarios que acudían a la sala de audiencias en apoyo a los imputados (en la causa de encubrimiento), nos preguntamos de qué otras maneras se actuó desde el gobierno de Macri y su Ministerio de Justicia para presionar a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, para conseguir las absoluciones de algunos de los imputados”, señaló Wasser.
En otra parte del documento, la organización dijo que “la Unidad Fiscal Especial UFI AMIA pelea en protagonismo por los retrocesos del último año” y lamentó que siga a cargo del fiscal Sebastián Basso, “sobrino de una de las partícipes del encubrimiento, la ex camarista federal Luisa Riva Aramayo”.
Memoria Activa también señaló que “tras seis meses de comenzado” el gobierno del presidente Alberto Fernández “tuvimos una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti”.
“En esta reunión señalaron que el tema AMIA se encuentra en la agenda del Poder Ejecutivo y que actualmente trabajan en el proceso de reestructuración de la Unidad ministerial con el fin de dotarla de recursos para que funcione como auxiliar de la justicia y recobre un trabajo conjunto, tanto con las querellas de familiares como con la Unidad Fiscal”, reportó la organización sobre el encuentro que mencionó.
En ese sentido, agregó: “Si bien nos resulta positiva la propuesta, aún no hemos visto ningún tipo de avance en este sentido”.
Y aclaró: “Si bien somos comprensivos del contexto desconcertante de una pandemia de coronavirus, también sabemos que la causa AMIA lleva 26 años de impunidad y que no pueden demorarse más”.
Por otra parte, sostuvo que la dirigencia comunitaria nunca buscó la verdad”, aseguró que “tampoco les interesa que haya justicia” y advirtió que “esa dirigencia comunitaria nunca nos representó ni nos representa, aunque lamentablemente son los primeros en ser recibidos ante cada nuevo gobierno para hablar, sin legitimación, en nombre de todas las víctimas”.
“Hoy no sabemos mucho más del atentado que lo poco que sabíamos en las semanas inmediatamente posteriores al hecho”, advirtió el documento leído en el acto, y afirmó que aún “no hay condenas; no hay culpables”.
La entidad manifestó que “seguimos igual, sin verdad y sin justicia” y exigió “justicia” por los 85 muertos y más de 300 heridos en el ataque.
“La impunidad no fue algo que surgió espontáneamente. La impunidad la construyeron funcionarios públicos y dirigentes comunitarios inescrupulosos”, advirtieron los familiares en el documento.
