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El exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, rechazó los cargos en su contra en un escrito presentado durante su declaración indagatoria en la causa que lo investiga por la renegociación de concesiones viales.
Dietrich se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en un trámite que se realizó de manera remota a través de la plataforma Zoom, por la pandemia de coronavirus, entregó el escrito que fue incorporado por sistema y se negó a contestar preguntas, según informaron fuentes judiciales.
En el escrito, rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje y dio detalles técnicos sobre cómo fue esa operatoria, explicaron fuentes del caso.
Para el lunes, está citado a indagatoria el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
En la causa, el juez ya procesó al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, quien luego ocupó el cargo de ministro de Energía, y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Al procesar a ambos exfuncionarios, el juez consideró que “las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”.
En la causa, se investiga la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que “resultaron contrarios a las normativas vigentes” en un acto “perjudicial para las arcas del Estado”.
“A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados”, analizó el juez.
La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento a las empresas de multimillonarias cifras por inversiones “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.
El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.
El Estado “terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas”, concluyó el magistrado.
