Como ocurre con la inflación o el precio del dólar, hay un indicador que impacta en la vida diaria y nunca deja de subir: en la Provincia
de Buenos Aires las denuncias por delitos penales ya están cerca de alcanzar el millón anual. De acuerdo con los datos que difundió la Procuración General de la Suprema Corte, en 2019 sumaron 954 mil los casos de robos, hurtos, amenazas, lesiones y asesinatos en todo el territorio.
La cifra representa un incremento del 9,1% con relación al año anterior. También revela que cada 24 horas se presentan 2.613 denuncias en los tribunales penales. O, visto con otro prisma, los habitantes de la provincia reportan 108 delitos por hora.
Es una curva que no se detiene con cambios de gobiernos, medidas de impacto, ministros hiperactivos o de perfil bajo. A fines de 2015, cuando ingresó Cambiemos a la conducción del poder después de 28 años de gestiones de diversas vertientes justicialistas, ese registro llegaba a 745 mil causas iniciadas en las fiscalías. Es decir: en cuatro años el indicador creció un 28%. Mirando aún más atrás, hace 10 años en el territorio se denunciaban 657 mil casos: en la década el crecimiento fue del 45%.
La suba podría resultar atenuada por el crecimiento poblacional de Buenos Aires. Cuando comenzó esa serie, el Censo 2010 marcaba que vivían en territorio bonaerense unos 15,5 millones de habitantes. Las proyecciones para el 2019 indican que en el distrito más grande del país residen 17,5 millones. Un incremento del 12,9%. Está claro que la inseguridad subió varios puntos más que la línea demográfica.
En el medio, los gobernadores probaron con políticas de “mano dura”, “mano blanda”, reformas procesales, modificaciones al Código Penal, unificaciones de ministerios o descentralizaciones operativas de la fuerza de seguridad. También se intentó con la conducción de cuatro responsables del área: Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Alejandro Granados (en las dos gestiones de Daniel Scioli) y con Cristian Ritondo, en el gobierno de María Eugenia Vidal.
Todo este mar de números lo presenta cada seis meses la Procuración, que tiene a su cargo las casi 500 fiscalías distribuidas en todas las jurisdicciones y son las que actúan cada vez que a un ciudadano lo golpea la inseguridad, presenta un dato que corre a la inversa: los homicidios provocados por situaciones de violencia (asaltos, peleas, enfrentamientos, femicidios) es uno de los pocos renglones que tiende a la baja: 1.183 asesinatos en 2009; 1.091 en 2015; 876 en 2018 y 848 en último año que tiene completa la estadística oficial. Una caída del 28% en la década.
Los expertos atribuyen esa declinación a una combinación de factores: cierta tendencia al “desarme” civil; la menor exposición de personal policial mientras está fuera de servicio (hace cuatro años que no están obligados a llevar armas mientras no están en sus puestos), a un aumento de la presencia de agentes en la calle (hasta 2010 había menos de 50 mil hombres, pero hoy la Bonaerense tiene casi el doble) y a algunos cambios en las modalidades delictivas. “En la década pasada, por caso, era frecuente que muchos robos de autos terminaran de manera fatal”, explicó un analista en delitos.
Pero otros hechos que provocan impacto y presionan sobre la “sensación” de inseguridad ciudadana mantuvieron su ritmo alcista. Observados desde cualquier punto de partida. Es la categoría de “robo; robo con arma y robo agravado”. Golpean de lleno en la dinámica de la sociedad. Incluye desde una “entradera”, hasta la práctica de los “motochorros”. También los “escruches” (robar viviendas cuando no están sus dueños) y los asaltos a comercios, entre una variedad extensa de situaciones delictivas.
Esos ítems concentran casi el 20% del total de causas iniciadas en las fiscalías: en 2019 fueron 189.700, un 17% más que el año anterior (cuando se contabilizaron 156.700). Y un 30% más que al principio de la administración que asumió Vidal a fines de 2015. Ex funcionarios de ese gobierno remarcan que, en el medio, las autoridades implementaron el sistema de denuncias “on line” a través de una aplicación telefónica, que incrementó en casi 20 mil el número de denuncias ciudadanas por episodios de inseguridad. Desde un asalto hasta el robo de una bicicleta se podía “cargar” a través del celular y se convierte en un expediente que debe tramitar un fiscal.
Mirado por regiones, el mapa delictivo tuvo -entre 2018 y 2019- el pico en la región de injerencia del Departamento Judicial Mar del Plata: allí creció un 33%, con más de 10 mil denuncias de diferencia entre un período y otro. Los juzgados de Quilmes y Zárate-Campana recibieron un 11% más y La Matanza también creció un 10%, o sea por encima de la media. Lomas de Zamora estuvo a la par de toda la Provincia (9,1% más) y sólo pudo constatar una reducción en la Justicia de Pergamino, en el noroeste bonaerense. Los departamentos en que se divide el territorio son 17.
Adrián Albanese (40), el pizzero asesinado en Banfield.
El informe que elabora la Procuración conducida por Julio Conte Grand llegó este año con alguna demora, atribuible al parate en el sistema judicial que implicó la cuarentena por el coronavirus. También se explica por la difusión de un “anexo” al estudio estadístico que se publicó en el sitio web del Ministerio Público y que reflejó las denuncias y delitos denunciados en los cuatro meses de aislamiento social.
Ese reporte –publicado el lunes por Clarín– mostró una baja de más del 50% en los índices delictivos en los primeros 40 días de confinamiento social (20 de marzo hasta fines de mayo). Pero también un incremento desde que se habilitaron actividades en las ciudades de la Provincia y que determinó que para la última parte de junio ya se registraran más de 2.100 delitos por día en Buenos Aires. Muy cerca de la “normalidad”.
EMJ
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