La comisión de Justicia de la Legislatura porteña analizó dos proyectos de ley que buscan implementar en la Ciudad los juicios por jurado, en una reunión de la que
participaron especialistas, que consideraron que la modalidad contribuiría a dar “legitimidad y representatividad” al sistema de justicia local.
“La justicia necesita un impulso de la ciudadanía para construir legitimidad”, indicó durante el encuentro, que se realizó de manera virtual, el juez Gonzalo Rua, titular del juzgado N°6 en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad.
Rua también consideró que los juicios por jurado ayudarían a construir esa legitimidad porque, actualmente, el Poder Judicial porteño “representa a una clase social y no tiene participación ciudadana”.
Los dos proyectos de ley que debatió hoy la comisión de Justicia con especialistas fueron impulsados por diputados del Bloque UCR-Evolución y, el otro, por legisladores de la Coalición Cívica (CC), que a su vez integra el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ).
Ambas iniciativas proponen que los juicios por jurado sean obligatorios para “todos los delitos que tengan una pena mínima en abstracto de ocho o más años de pena privativa de libertad” y que los integrantes de ese tribunal sean ciudadanos elegidos por sorteo.
“Los juicios por jurado no pretenden constituirse en exclusivos para todos los casos. Es posible abrir la capacidad de juzgamiento para los hechos más graves”, sostuvo Rua.
El magistrado también afirmó que la figura del juez “no desaparece” en este tipo de procesos judiciales, ya que los dos proyectos de ley establecen que el juez debe “instruir” a los ciudadanos que integran el jurado sobre las normas y el derecho aplicable a los delitos que se estén juzgando.
La función del jurado, mientras tanto, es “deliberar sobre la prueba” y “pronunciarse” en relación al delito por el cual debe responder el acusado o acusada.
Luciana Piñeyro, abogada y coordinadorea de la unidad para la implementación de justicia por jurados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad desde 2014, informó sobre las capacitaciones que brinda esa dependencia.
Al respecto, detalló que realiza simulacros para la población y, en particular,para estudiantes de abogacía, y que en la Ciudad “ya hay salas de audiencias preparadas”.
Piñeyro aseguró que “las normas procesales vigentes son compatibles” con este tipo de procesos, consideró que los juicios por jurado son una “deuda”, ya que están previstos en la Constitución Nacional y de la Ciudad, y afirmó que serían la forma de “concretar la participación ciudadana en el único poder del Estado que no la tiene: el judicial”.
Del encuentro también participó Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal y juez en la ciudad de Necochea, ubicada en la provincia de Buenos Aires, donde se realizan juicios por jurado desde 2015.
Entre 2015 y 2019, se realizaron en la provincia de Buenos Aires 375 juicios por jurado, en los cuales el 58% de los veredictos fueron condenatorios, casi el 30% no condenatorios y el 10%, mixtos, ya que juzgaban a más de un imputado, reseñó Juliano.
Con estos datos, el magistrado buscó “desmentir la afirmación de que doña Rosa o don Pepe están influenciados por los medio hegemónicos y, por eso, tienen una tendencia punitivista”, dijo y agregó que la ciudadanía se caracteriza por una “mayor imparcialidad” en relación a los jueces.
Juliano también afirmó que “ya hay buenas experiencias” en juicios por jurado en las provincias de Córdoba, Neuquén, Chaco y Mendoza.
Respecto a la imparcialidad de los ciudadanos integrantes del jurado, ambos proyectos habilitan la posibilidad de recusarlos cuando ésta se viera afectada.
