El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Marcelo Gallo Tagle, se opuso también a la reforma judicial porque no crea las necesarias fiscalías y defensorías oficiales
a la par de juzgados, desguaza la justicia en lo criminal, y no prevé la construcción de nuevos edificios judiciales, ni la compra de equipos para videoconferencias, entre otras razones. Esta asociación tiene más de 3 mil socios en todo el país. Antes lo habían hecho las cámaras Criminal y Civil Comercial lo que demuestra que crece la resistencia al proyecto en las filas de la Justicia.
En un discurso ante las comisiones del Senado que estudian el proyecto enviado la semana pasada por el Gobierno, Gallo Tagle coincidió en el presidente Alberto Fernández en la necesidad de mejorar la independencia y modernización de la Justicia.
Desde un punto de vista técnico, Gallo Tagle recordó que el proyecto de ley de Reforma, el Decreto 635 y el mensaje presidencial “mencionan en forma expresa y destacada que la iniciativa tiene como uno de sus objetivos primordiales la eficaz implementación del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal”. Se trata de las reformas al Código Procesal Penal Federal que trasladan las facultades investigativas de los jueces a los fiscales y cuyo plazo máximo de entrada en vigencia será de dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Sin embargo, el texto del proyecto “se refiere casi en su totalidad a la unificación de fueros, creación de Juzgados, Tribunales Orales, y desdoblamiento de esos tribunales de primera instancia hasta llegar a 46”. También prevé la creación de 94 Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las Provincias, pero destacó “nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal”. Los fiscales Carlos Rívolo, Carlos Stornelli y José María Campagnoli habían advertido que la creación de pocas fiscalías supondría reducir el número de empleados de las actuales.
En la experiencia de Salta y Jujuy donde se implementó el Código Procesal Penal nuevo, dijo “se comprobaron circunstancias que este proyecto soslaya: que se necesitan más fiscalías que juzgados” .En otro cuestionamiento, Gallo Tagle subrayó el proyecto “desatiende los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia, pues no prevé ningún ámbito específico que intervenga en la especialidad, ya sea jurisdiccional o en los Ministerios Públicos”.
Respecto al Ministerio Público de la Defensa, señaló que “se advierte una desigualdad para atender sus necesidades, desde que prevé en la Ciudad de Buenos Aires apenas 8 defensorías. De tal modo, un total de 14 defensorías deben actuar ante 46 Juzgados Penales Federales”. Se trata de los defensores gratis que el Estado les da a quienes no se pueden pagar un abogado.
“Semejante inconveniente se presenta frente a la creación de los 5 Tribunales Orales en lo Penal Federal, en donde solo se crean 3 Defensorías, para concluir con un total de 12 defensorías para actuar ante 17 Tribunales Orales. Se superpondrán los juicios que deben atender”, puso de manifiesto.
Luego, Gallo Tagle coincidió con la acordada de la Cámara del Crimen porteño en decir que el proyecto supone “el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero”, al fusionarlo con la justicia porteña o enviar a algunos de sus jueces a subrogar a jueces federales durante un año y medio.
La posición de esta asociación, aunque Gallo Tagle no llegó a leerla por falta de tiempo frente al Senado, “resaltó que el sistema de concursos no puede dejar de lado la valoración de los antecedentes y de oposición de los y las postulantes sin que ello impida -al contrario- la publicidad”. Es decir, que el Gobierno pretende sacarle puntaje a los funcionarios judiciales que se presentan a los concursos para ocular juzgados frente a los abogados particulares.
Después critican la falta de infraestructura actual de la Justicia. Solamente “desde el punto de vista edilicio, la Justicia Federal se encuentra en estado crítico y de emergencia. No se advierte que se haya atendido esta situación”. Y el proyecto no prevee la creación de ninguna nueva dependencia para albergar los nuevos juzgados y tribunales.
“El trabajo en condiciones de hacinamiento y carencia de elementos indispensables no provee un intento de abordaje”, agregó la entidad. En este sentido, en la actual cuarentena decenas de juicios orales se paralizaron por no tener los tribunales sistema de videoconferencia.
Por último, la asociación cree que “este proyecto no aparece en mejor momento, la sociedad indudablemente pretende una mejora del sistema de justicia, la cual nosotros compartimos y también proponemos desde hace muchos años”, antes de la pandemia.
“Pero no en la forma que se está presentando en este momento y que tantas suspicacias abre sobre los verdaderos motivos que la inspira”, en alusión a la intención de lograr la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios K procesados en causas por corrupción.
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