El Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos de Tucumán
pidieron ante la Cámara de Casación Penal que se revoque la falta de mérito dictada en favor de los exadministradores del ingenio “La Fronterita” en una causa sobre complicidad empresarial con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
“Estamos ante un caso paradigmático de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado y que se debe investigar el rol que tuvieron los empresarios de La Fronterita con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los trabajadores del ingenio”, señaló en declaraciones a Télam el letrado Pablo Gargiulo, integrante de la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Esta entidad representa una querella que siguen los familiares de Fidel Jacobo Ortiz, un trabajador y gremialista de la industria azucarera que se encuentra desaparecido, y piden que se investigue la implicación que tuvieron directivos del grupo Minetti con ese y otros 67 hechos ocurridos entre 1975 y 1977 en La Fronterita.
Estamos ante un caso paradigmático de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”
Pablo Gargiulo, integrante de Andhes
El fiscal federal de Tucumán Pablo Camuña y la querella de Andhes pedían que se investigara a Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita en la provincia durante el desarrollo del Operativo Independencia y la dictadura.
Mediante ese plan operativo, el Ejército se desplegó en la provincia con el propósito de exterminar los focos guerrilleros que el PRT-ERP había instalado en las zonas rurales, y se cometieron violaciones a los derechos humanos que aún se siguen investigando en la Justicia Federal.
La investigación del Ministerio Público y de los organismos estableció que en ese ingenio, ubicado en el departamento de Famaillá, el grupo Minetti permitió que se instalara un centro clandestino de detención ilegal donde trabajadores y habitantes de las colonias de la zona padecieron cautiverios y torturas.
“Está acreditado que en esos años, el grupo Minetti experimentó un crecimiento económico que estuvo asociado al despliegue del Ejército. En plena dictadura, la empresa adquirió el ingenio de Bella Vista y se convirtió en líder de la producción azucarera en la provincia”, dijo Gargiulo.
“El grupo Minetti aportó logística, camionetas e instalaciones para que la represión se llevara a cabo en el ingenio y obtuvieron un beneficio económico de ello. Es un caso muy parecido a lo que sucedió en Jujuy con el Ingenio Ledesma”, sostuvo al establecer un paragón con el caso que involucra a la familia Blaquier en una causa de represión ilegal.
Sin embargo, el juez federal Daniel Benjas dictaminó este año que los empresarios “fueron víctimas del terrorismo de Estado”, al igual que los trabajadores y pobladores de la zona que pasaron por el centro de detención ilegal que funcionó en “La Fronterita”.
El pasado 7 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán convalidó esa sentencia y, al emular al magistrado de primera instancia, dictaminó la falta de mérito para los exdirectivos y ordenó que la investigación se limite a las efectivos militares que operaron en la zona.
“Para los familiares de los torturados y desaparecidos, es un insulto que los empresarios sean elevados a la categoría de víctimas cuando resulta claro que se beneficiaron con el accionar represivo. Estos fallos deben ser revertidos y se debe procesar a los denunciados”, remarcó el letrado de Andhes en declaraciones a Télam.
Los recursos para que Casación analice la causa fueron presentados ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán por la Fiscalía y esta entidad defensora de los derechos humanos.
Los delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos en La Fronterita fueron denunciados ante la Conadep y la Comisión Bicameral de la Legislatura tucumana que en los años ’80 investigó las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la provincia.
En Tucumán, se investigan y se juzgan desde hace años los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el marco del Operativo Independencia y en la actualidad se desarrolla un proceso oral y público con cinco causas unificadas.
“Pero los procesos sobre complicidad empresarial no logran prosperar, al igual que sucede en otras provincias”, indicó el abogado.
Al respecto reseñó que el primer jefe de que tuvo el Operativo Independencia, el general Acdel Vilas, escribió un diario de campaña que fue recuperado por los organismos de derechos humanos y sirvió de prueba en los juicios de lesa humanidad.
“En esos escritos se decía que el objetivo del Operativo era reestablecer el status quo en la provincia después de años de agitación con huelgas y movilizaciones de parte de los trabajadores azucareros que resistían los planes de modernización llevados a cabo por las patronales. De eso se trata esta causa”, subrayó Gargiulo.
