El Consejo de la Magistratura anticipa un proceso “exigente” si se aprueba la reforma judicial y debe designar con mayoría especial, en solo 30 días, los jueces subrogantes de los 23 nuevos juzgados federales.
El Consejo de la Magistratura deberá elegir a los magistrados subrogantes, luego, a los titulares de esos juzgados, mientras también define los candidatos para los nuevos juzgados federales en el interior y redacta un código de ética.
El apuro estará en las subrogancias para los 23 nuevos juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires, que se elegirán de un listado de postulantes que debe enviar, también en un plazo máximo de 30 días, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
Los candidatos de esa lista competirán entonces por oposición de antecedentes y tendrán que ser elegidos por al menos 8 de los 13 consejeros para cumplir la mayoría especial que determina el proyecto de ley y poder ser designados por el Gobierno, previo acuerdo del Senado.
“Son plazos muy exigentes pero se pueden cumplir”, confió un consejero que sin embargo anticipó posibles demoras si el Consejo sigue la dinámica de politización que viene mostrando desde la asunción de Alberto Fernández.
Políticamente el Consejo mantiene su propia grieta entre el sector que conduce el presidente del órgano, Alberto Lugones, alineado con el oficialismo, y el que sintetiza Pablo Tonelli, portavoz del macrismo durante su gestión y ahora en la oposición.
Detrás del juez Lugones suelen encolumnarse el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, el académico Diego Molea, los senadores Mariano Recalde y María Pilatti de Vergara y la diputada Vanesa Siley; en tanto suelen votar con Tonelli los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Vélez, y la senadora Silvia Giacoppo.
Esta paridad de seis contra seis suele ser volcada, para un grupo u otro, por la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, y si bien es cierto que en el proceso de selección de cualquier magistrado se observan antecedentes objetivos como registros académicos y experiencia en el sistema de justicia, existe una carga de evaluación subjetiva que -se prevé- generará disputas y tironeos.
La audiencia en la que se elegirán los candidatos a las subrogancias será pública, con lo que se agregará un marco de expectativa y atención sobre los consejeros, quienes deberán ungir al postulante por dos tercios atendiendo, según marca el proyecto, a “la diversidad de géneros en la selección”.
No en vano los juristas se refieren a menudo al sistema de selección de magistrados como un “trámite complejo”, por la intervención de los tres poderes de la Nación, pero también por los factores políticos que influyen y condicionan todo el mecanismo.
Luego de cerrar esta primera demanda de la reforma, los consejeros tendrán que abocarse a elegir los titulares de esos 23 nuevos juzgados ya que las subrogancias tendrán una duración de un año, extensible a seis meses más, en el caso que sea necesario.
En paralelo tendrán que abrir la convocatoria para candidatos a ocupar los 94 nuevos juzgados federales del interior del país, un número significativo de magistrados que el Consejo tardará en definir, aunque para estos casos no correrán plazos como con el caso de las subrogancias.
El Consejo de la Magistratura, además de decidir todo lo que respecta a los jueces, administra el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y, en este proceso, estimó que toda esta ampliación del servicio de justicia costará unos 850 millones, una erogación importante para un presupuesto judicial que el mismo Lugones ha dicho varias veces que “no alcanza”.
El cálculo del presidente del cuerpo se basa en la masa salarial de esos 132 nuevos cargos, sin contemplar infraestructura, mobiliario e informática, este último un rubro que ha escalado en la lista de gastos de los juzgados como consecuencia de la pandemia, los protocolos de seguridad y el avance en la digitalización de todos los trámites.
Finalmente, junto a la Corte, el Consejo deberá redactar un código de ética para los magistrados, una asignatura “inexplicablemente” pendiente para el Gobierno, que ambos órganos deberán subsanar siguiendo los lineamientos que se establecen en los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y en el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
