Ante la Corte, los jueces Bruglia y Bertuzzi pidieron una “intervención inmediata” para evitar sus traslados

en per saltum. Allí pidieron que se deje sin efecto la resolución que no hizo lugar al pedido de amparo para que el Senado no trate los pliegos de ellos y otros ochos magistrados que fueron trasladados a otros cargos durante el gobierno de Mauricio Macri. Los camaristas plantearon que la situación expone una “gravedad institucional” ante la cual el máximo tribunal “debe poner inmediato remedio”.

El per saltum fue presentado por los camaristas el martes por la tarde ,y aún no había comenzado a ser analizado por los integrantes de la Corte. Bruglia y Bertuzzi -que entre otras causas sensibles para el kircherismo intervinieron en el caso de los Cuadernos de las Coimas- pidieron que su recurso sea tratado con premura.

Todo inició el 30 de julio último en el plenario del Consejo de la Magistratura, cuando por mayoría los consejeros votaron la revisión de los traslados de diez jueces. Esa decisión quedó plasmada en la Resolución N 183/2020, “cuya nulidad absoluta es materia de la presente acción de amparo”, remarcaron los camaristas en un escrito de 40 páginas al que accedió Clarín.

Mientras a través de su abogado Alejandro Carrió también apelaron la desestimación de su amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal, Bruglia y Bertuzzi plantearon a la Corte que el camino iniciado en el Consejo de la Magistratura sobre sus respectivos traslados, “es una violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo de las cuales gozan los jueces”. Es que aquella medida, el Consejo encomendó al Poder Ejecutivo y al Senado la revisión de los nombramientos efectuados por los Decretos N° 835/2018 y 278/18 20. Los camaristas indicaron que los mismos se encuentran “firmes y consentidos” y fueron los que posibilitaron que hoy integren la Sala I de la Cámara federal porteña.

Los camaristas indicaron que sus traslados habían contado con la conformidad de la propia Corte, y cargaron contra la decisión adoptada de revisar los cargos que ostentan desde 2018. “Ni los ciudadanos de a pie, ni los integrantes de otros poderes, ya sean nacionales, provinciales o municipales, pueden válidamente reexaminar los criterios específicos tenidos en cuenta por V.E. -vuestra excelencia, un formalismo señorial para referirse a la Corte- a la hora de interpretar cláusulas concretas de la Constitución Nacional en relación con una situación también determinada (en el caso, traslados de magistrados sobre cuya validez V.E se ha pronunciado específicamente)”.

En este punto, remarcaron que como órgano supremo y “dirimente en cuanto a la validez de integraciones de tribunales federales”, la Corte ya se pronunció “sobre la validez de los traslados”. Por lo cual, insistieron que esa decisión no podía estar sujeta a una revisión que desde su óptica fue adoptada por una medida más de cáracter política que jurídica.

​Bajo esta misma línea, en el per saltum Bruglia y Bertuzzi señalaron que “los restantes poderes del Estado han desafiado la autoridad de los pronunciamientos” de la Corte “e incluso a los de la jueza de primera instancia” que decidió no hacer lugar al amparo interpuesto por los camaristas. Es por esto que expusieron que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura como  por el Congreso, “denota una gravedad institucional adicional que reclama la intervención inmediata” del Máximo Tribunal.

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