Después de incluir la deuda fiscal que mantenía con la AFIP en una moratoria con asiento en Río Gallegos, la defensa de Máximo Kirchner -a cargo también de Carlos
Beraldi-, planteó que el pago de las cuotas la debe afrontar la intervención judicial y no el hijo K. En el primer escrito detalló que la cifra supera los cinco millones de pesos. Aunque la Justicia estima que será aún mayor porque todavía “faltan calcular los intereses y los punitorios”.
La deuda que acumula Máximo y que no quiere pagar surge de las 26 propiedades que heredó junto a su hermana tras la muerte de su padre y que están administradas bajo la figura del “Condominio Máximo y Florencia Kirchner”
Por la intervención judicial, producto de las causas en su contra por lavado de dinero, Máximo Kirchner perdió el poder de administración sobre el Condominio, como también la posibilidad de usufructuar los ingresos por la explotación de las propiedades. Su abogado explicó que en estos últimos años se acumularon “deudas fiscales por el incumplimiento por parte de la intervención judicial”. El diputado apuntó entonces contra Raquel Moyano, a cargo de la intervención, por “no ingresar en tiempo y forma los tributos correspondientes al patrimonio que administra”.
Vivienda de los Kirchner en Río Gallegos, intrusada la semana pasada. Foto Archivo Clarín
Esas deudas fiscales devinieron en una serie de procesos ejecutivos iniciados por parte del fisco contra Máximo, quien pidió que la interventora “cancelara los saldos de impuestos adeudados con los fondos que administra”. Pero la petición fue rechazada: la Justicia dijo que el diputado nacional debía afrontar con sus ingresos el pago de dichas deudas fiscales, sin embargo la defensa indicó que, como apelaron hasta llegar a la Corte, esa decisión “no se encuentra firme”.
La deuda se fue incrementando ya que Máximo Kirchner es titular del cincuenta por ciento de cada uno de los bienes que conforman el Condominio. Por tal motivo, tiene obligaciones impositivas correspondientes al impuesto sobre bienes personales. Además, a raíz del alquiler de dichos inmuebles, “durante estos últimos años se devengaron obligaciones fiscales en concepto de IVA y Ganancias“, explicó el abogado Beraldi, quien recordó que los alquileres de las propiedades que administra Los Sauces “fueron y son percibidos por la licenciada Moyano”.
Entonces, explicó que el líder de La Cámpora “fue desapoderado de sus propiedades, no puede usufructuarlas y los fondos recaudados por su locación son administrados por una auxiliar de la justicia; por otro lado, nuestro representado debe soportar cuantiosas cargas tributarias que son consecuencia directa e inmediata de la titularidad registral de inmuebles de los que fue despojado (Bienes Personales) y de una actividad comercial que, en la actual coyuntura, no le redunda ningún rédito (IVA y Ganancias)”.
Por eso, a lo largo de los últimos ejercicios fiscales, el diputado nacional acumuló deudas con el fisco nacional, “como consecuencia del incumplimiento por parte de la interventora judicial de ingresar en tiempo y forma los tributos correspondientes al patrimonio que administra”.
Máximo Kirchner tiene un rol activo en el goboerno. La semana pasada se reunió con Sergio Massa, Wado de Pedro, Axel Kicillof y Fernanda Raverta.
La primera cifra planteada por el abogado Beraldi indica que las deudas que se ejecutan en los procesos de apremio que tramitan ante el Juzgado Federal de Río Gallegos bajo los números 11.208/2018, 2506/2018, 524/2018 y 17.038/2017, ascienden aproximadamente a “cinco millones de pesos, más intereses punitorios y honorarios”. Justamente por tal motivo, fuentes del caso sostienen que la cifra será aún más amplia.
Ante el número expuesto y que aún falta clarificar por parte de la defensa de Máximo Kirchner, su defensor indicó que los ingresos que percibe como diputado nacional “sobre los cuales abona el Impuesto a las Ganancias a través de las retenciones que la Honorable Cámara de Diputados le practica en cada liquidación mensual del sueldo de conformidad con la ley 24.686- resultan claramente insuficientes para hacer frente a la totalidad” de las deudas fiscales.
Para que la deuda no siga creciendo, Máximo Kirchner decidió acogerse a una moratoria fiscal, la cual permite regularizar deudas en concepto de impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, entre otros tributos. Se trata de una moratoria de carácter general, con el objeto de “evitar males mayores”.
La defensa pidió que sea la interventora Moyano quien cancele las cuotas del plan de pagos que será consolidado o, en su caso, “transfiera mes a mes la suma correspondiente a una cuenta bancaria de Máximo Kirchner -o la de su apoderado-, desde la cual se efectuarán los débitos pertinentes”.
El TOF 5 le pidió que clarifique la cifra exacta de la deuda fiscal, el plan de pagos y a cuánto asciende el pago mensual que debe realizarse. Según fuentes judiciales, el detalle aún no fue presentado.
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